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El Tribunal Constitucional de España anuló la disposición legal que prohibió desde 2010 las corridas de toros en Cataluña, noreste del país, al considerar que afecta la competencia del Estado respecto de una fiesta declarada nacional.
El máximo órgano de revisión constitucional aprobó por ocho votos a favor y tres en contra la medida, que aclara que Cataluña puede regular las fiestas de toros siempre que sea con un objetivo específico (como proteger a los animales) pero no prohibirlos.
El Parlamento de Cataluña aprobó en julio de 2010 la prohibición a partir de una iniciativa popular, avalada por la mayoría de la cámara que votó en aquella ocasión con libertad de posicionamiento para los diputados de algunos parlamentarios.
El resultado fue 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones, que entró en vigor en enero de 2012, y que en su momento causó gran revuelo entre la sociedad y la clase política de esa comunidad.
En aquel debate, que provocó enfrentamientos entre partidarios de la fiesta de toros y antitaurinos, se discutió no solo sobre la protección de los animales, sino sobre el rechazo que causa la tauromaquia en sectores independentistas en Cataluña.
El Tribunal Constitucional basa su resolución en que la legislación catalana vulnera dos artículos constitucionales sobre competencia en festejos nacionales, así como en la declaración de la tauromaquia como bien inmaterial de interés cultural.
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