El dinero que ingresa al Fondo Ambiental Público como compensación por tala de árboles, se destina a la compra de más arbolado para reponer el derribado durante construcciones, precisó la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, en entrevista con Publimetro.
Un ejemplo, explicó, es la autorización para el derribo de 301 árboles como parte de la construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, por los cuales la empresa que desarrolla el proyecto debe pagar 15.5 millones de pesos que servirán para reponer los ejemplares afectados.
Publimetro informó este lunes que de acuerdo con datos de la propia Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), desde 2013 predomina la restitución de tipo económico como medida de compensación por la tala de árboles para desarrollos públicos y privados, por encima de la reposición de arbolado.
Al respecto, la titular de la Sedema destacó que la normar ambiental que regula la poda, el derribo, trasplante y restitución de árboles en la Ciudad de México (NADF-001-RNAT-2015) fue endurecida para buscar que los desarrollos públicos y privados hagan la menor tala posible.
EN CONTEXTO
Norma más exigente
Dicha norma, en comparación con la anterior, establece la misma cantidad de árboles a reponer para desarrollos públicos y privados, lo cual antes no ocurría, pues las obras a cargo del Gobierno debía restituir menor cantidad.
En la norma actual, que entró en vigor el 1 de abril de 2016, la menor cantidad de árboles a reponer por cada ejemplar que se tala es de dos con una altura de dos metros; a medida que el valor del árbol aumenta, también la cantidad a restituir y la altura.
De esta manera, si el valor de un ejemplar que se va a talar es el más alto de acuerdo al dictamen de la autoridad ambiental, se deberán reponer 16 árboles de ocho metros de altura cada uno; antes el máximo a reponer era de 12, pero con tres metros de altura.
“Lo que buscamos con este cambio de norma es que los árboles que tienen una buena estructura, buenas condiciones, no sean derribados y que las personas físicas, morales que pretenden llevar a cabo el derribo, tomen conciencia sobre su valor ambiental y económico y lo integren al proyecto”, dijo.
Asimismo Tanya Müller detalló que la actual norma obliga a los desarrolladores, públicos o privados, a entregar un levantamiento del arbolado que se va a afectar y debe estar georreferenciado, para tener mayor control sobre el número de ejemplares a derribar.
“Cuando tienes algo georreferenciado, el día de mañana puedes verificar claramente que se haya respetado lo que se manifestó en el impacto ambiental del arbolado que iba a ser afectado. No es lo mismo que sólo presentar un listado y quieras ir a campo y revisar, no tienes forma de comprobar”.
