Periodistas y defensores de derechos humanos presentan denuncia ante PGR por presunto espionaje

Periodistas y activistas defensores de derechos humanos presentaron formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por el presunto espionaje a través de intervención de conversaciones privadas y uso de tecnologías informáticas del que fueron víctimas, como publicó este lunes el periódico estadounidense The New York Times. 

En conferencia de prensa en la que participaron Carmen Aristegui; el director del Centro Prodh, Mario Patrón; el del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas; y Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México, entre otros, también se anunció que solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Exigieron al Gobierno Federal investigar y explicar la acusación publicada por The New York Times en la que se expone el presunto uso de un software malicioso llamado Pegasus para espiarlos y que representaría un costo por cada licencia de infección 77 mil dólares, es decir, aproximadamente un millón 400 mil pesos del erario. 

Adelantaron que se buscará la creación de una comisión especial de expertos en la que participen mediadores internacionales que garanticen el curso correcto de la investigación.

La investigación fue elaborada por The Citizen Lab, la organización internacional Artículo 19 y las mexicanas R3D y SocialTIC, la cual documenta 76 nuevos intentos de infección entre enero de 2015 y julio de 2016.

Federación debe explicar

La periodista Carmen Aristegui señaló directamente al presidente Enrique Peña Nieto por el presunto espionaje en el que, según la investigación, también se hizo un vigilancia a las conversaciones de su hijo menor de edad Emilio.

Aseguró que se trata de una campaña de miedo en la que además de censurarlos y abrir expedientes judiciales en su contra por ejercer su labor periodística, ahora se han dedicado a intimidarlos, «¿Qué quiere hacer el gobierno mexicano con la información que robó de los activistas y periodistas atacados?«, y se cuestionó sobre la posibilidad de que los periodistas asesinado en el país fueran espiados previamente.

Recordó el caso del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien actualmente enfrenta a la justicia por las acusaciones de haber espiado a al menos 150 opositores, además de haberse enriquecidos de manera ilícita.

En su intervención, Carlos Loret de Mola aseguró las revelaciones de este lunes no fueron algo fortuito, pues sospecha que es el mismo gobierno el que quiere que la ciudadanía y el gremio periodístico sepan el poder que tiene.

Mario Patrón, director del Centro Prodh, condenó que el gobierno mexicano use recursos públicos ilegalmente para espiar, en vez de usarlos para atender a víctimas y frenar la impunidad; además responsabilizó al gobierno de lo que pueda pasarles a activistas por ejercer la defensa de derechos humanos.

¿Cómo funciona Pegasus? 

La investigación tiene documentados cerca de 50 mensajes recibidos por Carmen Aristegui, su hijo Emilio y por integrantes de su equipo de investigación como Sebastián Barragán y Rafael Cabrera.

Carlos Loret de Mola recibió al menos siete mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware Pegasus, la mayoría de ellos fueron recibidos alrededor del extenso trabajo periodístico que llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2015 respecto de las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán.

También habrían sido intervenidos abogados defensores de derechos humanos involucrados al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México. 

El software Pegasus que fabrica la empresa de espionaje israelí, NSO Group es un programa de hackeo que consiste en un mecanismo muy similar a lo que ocurre con el jailbreak, el cual libera el dispositivo para que fuentes externas puedan instalar aplicaciones y modificar datos del móvil.

Cuando un dispositivo es infectado con el malware instalado al dar clic a los enlaces enviados por SMS, el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada como mensajes, correos y contactos, registro de cada tecla oprimida; monitoreo remoto de datos de localización e incluso a la información obtenida a través de la activación inadvertida del micrófono y la cámara de los dispositivos.

En contexto

Esto surge después de que se revelara el espionaje contra los promotores del impuesto a bebidas azucaradas, como Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO, quienes recibieron mensajes de texto SMS en su celular con enlaces aparentemente inofensivos que contenían enlaces infecciosos.

Tras dichas investigaciones, difundidas también por The New York Times, las organizaciones de la sociedad civil Artículo 19, Fundar, Cultura Ecológica, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, entre otras, rompieron relación con el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) debido a «la pérdida de confianza hacia éste (STT) y la falta de condiciones de co-creación y diálogo”.

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