Los seres humanos tenemos ilusiones, deseos, sueños. Una de las formas privilegiadas con las que contamos para alcanzar nuestros propósitos es a través del trabajo. Con este fin, un segmento importante de ciudadanos decide iniciar un negocio.
Para echar a andar estos proyectos empresariales —que dan vida a nuestras aspiraciones individuales y a centrales ámbitos de nuestro país— debemos cumplir con una serie de permisos, requisitos, regulaciones que marca el gobierno. En principio, se trata de procesos que tienen un objetivo, sirven para algo. Sin embargo, sabemos que también hay trámites que pueden resultar venenosos, ahogantes para los negocios.
A partir de la nueva Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (la ENCRIGE del Inegi) sabemos que más del 20% del total de las unidades económicas consideraron que, durante 2016, el marco regulatorio representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocio.
A nivel nacional, se estima que el año pasado las empresas privadas realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Esto representa un promedio anual de casi 20 trámites por unidad económica.
Los costos monetarios del cumplimiento de las regulaciones (permisos para construir, remodelar, conectar el agua, constituir la empresa, sacar licencias de operación, por mencionar algunos ejemplos) se estimaron en casi 116 mil millones de pesos. En promedio, cada unidad económica gastó casi 50 mil pesos por cargas administrativas.
Si, aunado al necesario arrojo inicial que implica el emprendimiento, y a las dificultades con los trámites, además, los servicios públicos contratados no son buenos… pues entenderán el coraje y frustración que ello podría representar. ¡Y sucede con frecuencia! Por ejemplo, las grandes empresas son las más insatisfechas con la recolección de basura. En el resto de los servicios básicos —agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, calles y avenidas, carreteras libres y el servicio de la policía— son las micro y pequeñas empresas las que más lo padecen.
Una vez sorteados los trámites iniciales, imaginemos que, ¡además!, corruptamente nos piden mordida para sacar adelante el negocio. Entiendo que muchos emprendedores sientan infartarse.
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A nivel nacional, 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites experimentaron al menos un acto de corrupción. Esta tasa se incrementa hasta mil 317 unidades económicas por cada 10 mil para el caso de unidades económicas grandes. Pues sí: el corrupto se da cuenta que ahí hay más recursos.
En las últimas elecciones escuché a un candidato decir algo que me pareció sensato: “como gobierno, mucho ayuda el que no estorba”. La idea no era nueva, pero de cumplirlo, habría sido más efectiva que muchas políticas públicas. Y estoy seguro que no pocos empresarios pensarán lo mismo: “nomás con que no me frieguen, de lo demás yo me encargo”.
A Rodrigo A., emprendedor magnánimo.