Sancionan con más de 15 mdp a funcionaria de CFE

Sumario. Defraudó con más de 10 mdp a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó la SFP

Por Oscar Santillán
Foto: Cuartoscuro
Sancionan con más de 15 mdp a funcionaria de CFE

Por causarle un daño patrimonial mayor a los 10 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 15 años a una servidora pública de la CFE.

Además de que le impuso una multa de 15 millones 313 mil 774.19 pesos.

“De acuerdo al expediente la trabajadora no depositó a la cantidad de 10 millones 142 mil 496.39 pesos, que previamente había recaudado por concepto de pagos de energía eléctrica”, detalló la SFP.

Por lo que tras concluir la indagatoria la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Responsabilidades de la CFE determinaron la inhabilitación a la servidora pública, de quien no se proporcionó su nombre en protección a sus datos personales.

De acuerdo con la SFP, la inhabilitación y sanción depende de la impugnación que realice la funcionaria imputada.

Indispensable Registro de Beneficiarios Finales: SFP

En el marco de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) la Secretaría de la Función Pública resaltó la necesidad de contar con un Registro de Beneficiarios Finales para detectar e investigar el lavado de dinero.

“En este caso como lo veremos, en el marco normativo de México, para la detección de actividades ilícitas y la investigación en materia de prevención y lavado de dinero; pero también –y es la relevancia de porqué la Secretaría de la Función Pública ha promovido este Seminario– para el combate contra la corrupción”, apuntó Dante Preisser Rentería, coordinador de Asesores de la SFP.

Durante su participación en el Seminario-Taller Registro de Beneficiarios Finales, Preisser recordó que los beneficiarios finales son las personas físicas que tienen un control significativo en la propiedad de una empresa o de una sociedad.

Por lo que consideró que pese a que la identificación de los beneficiarios finales no implica necesariamente un hecho ilegal; no obstante ayuda a detectar, de inmediato, los casos de corrupción con el fin de prevenirlos u atacarlos.

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