Los partidos políticos obtienen millones de pesos a través de donaciones para financiar las campañas electorales de sus candidatos; sin embargo, dicho gasto no es fiscalizado y tampoco está sujeto a rendición de cuentas ni transparencia, por lo que se presta a prácticas ilegales.
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Así lo reveló Miguel Tenorio, consultor de la Asociación de Especialistas Certificados en antilavado de Dinero, quien advierte un vacío legal en la legislación para fiscalizar el capital que reciben los candidatos, además de lo débil que resultan las instituciones para castigar este tipo de procedimientos ilícitos.
Estamos en campañas electorales e ingresa mucho dinero ¿cuál es su opinión sobre este tema?
—Es muy complicado fiscalizar el efectivo, y desafortunadamente en las campañas electorales ingresan muchos recursos de manera formal e informal; muchas veces en el préstamo de un vehículo o el apoyo de publicidad y no hay un registro de factura.
Mediante favores se presiona a los munícipes, a los alcaldes para que la obra se dé a determinado constructor, de alguna manera se retribuyen estos favores. Es muy complicado fiscalizar esto, cuyos recursos se prestan para sobornos y extorsión.
¿Se podría decir que entonces ese dinero se encuentra en el limbo?
—La normativa está establecida; sin embargo, a nivel mundial, de acuerdo con datos oficiales, el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) se lava. El abuso de las empresas pantalla, como ha sucedido con los gobernadores, es una constante y complica saber cómo se origina el recurso y también como se aplica.
¿México se debería considerar un nicho para las empresas fantasma?
—Tradicionalmente los países que eran utilizados para este tipo de prácticas eran Panamá y otro tipo de jurisdicciones, aquí, el problema en México es que aún cuando existe una norma que lo prohíbe se está haciendo.
El hecho de que pueda constituir una empresa una sola persona a través de Internet hace vulnerable a que cualquiera pueda hacer lavado de dinero, porque ni siquiera puede estar presente un notario para que constituirla.
El nivel de procuración de justicia en estos casos es muy bajo.
¿Qué le hace falta a la legislación?
—El problema no está en la regulación, el problema es que no se aplica, y mientras los sujetos obligados como los centros cambiarios, casas de cambio, uniones de crédito y cooperativas entre otras no hagan su trabajo será muy complicado que esto tenga una eficacia para efectos de lavado de dinero.
¿Cuál es el papel que juega el SAT y el INE en estos casos?
—Tienen un registro, pero solamente se hace con recursos que entran a las cuentas que tienen los partidos, ahora, si se maneja en efectivo es imposible fiscalizar dicho capital.
Cuando se acusa a alguien de lavado de dinero por una campaña es muy complicado que lo puedas demostrar.
Se acaba de endurecer la norma que obliga a tener los beneficiarios finales de las empresas, pero una práctica común en este tipo de delitos, de cuello blanco o electorales, es que se tenga un persona moral y otra y así sucesivamente; eso complica todo.
¿Estamos ante un escenario donde nadie rinde cuentas?
— Sería cerrar los ojos antes casos inminentes si se negara esta parte. Este tipo de cuestiones hacen vulnerable el proceso electoral en México. Es un foco rojo, y es poco menos que imposible que esto no suceda.
No hay forma de cómo darle seguimiento al dinero que se ingresa a las campañas. A través de favores, retribuciones y demás es como operan las campañas en México.
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A esto se le suma, el anuncio del órgano nacional electoral, quien detectó el ocultamiento del origen del dinero, para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita del candidato independiente, Jaime Rodríguez, El Bronco.
DATO:
La Fepade abrió el año pasado 30 carpetas de investigación por financiamiento ilícito de las campañas en Edomex, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
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sentencias solamente se ejecutaron por lavado de dinero en 2011.
Caja negra
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmó al inicio de este año que la triangulación de recursos involucra irregularidades fiscales mediante la participación de empresas consideradas como fachada, y que son utilizadas por entes políticos.
