Durante el año pasado los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalían a los ingresos de la mitad de los más pobres, lo que equivale a 60 millones de personas, así lo reveló el informe “La ineficacia de la desigualdad”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En el informe se analizaron los efectos de la falta de acceso a la salud, educación, los ingresos y la discriminación por género o condición étnico-racial en una de las regiones más desiguales del mundo.
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Los resultados fueron presentados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, agregó que en 2002 la fortuna de los cuatro mexicanos más ricos representaba dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Detalló que el documento propone nuevas políticas fiscales que tienen énfasis en el gasto público, sobre todo en el combate a la evasión fiscal y los fondos ilegales.
También establece que la igualdad es un valor fundamental, un principio ético y condición básica para establecer un modelo de desarrollo que cierre las brechas.
“Se trata de igualar para crecer, porque la desigualdad es injusta, ineficiente e insostenible, genera instituciones que no promueven la productividad y la innovación; porque castiga la pertenencia de clase, etnia, género y lleva a su máxima consecuencia la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, lo que es inaceptable.
“Si somos capaces de ir de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, podremos lograr un beneficio social que incluya no sólo a las generaciones actuales, sino también a las futuras”.
Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía (FE), consideró que las recomendaciones de la Cepal son más que pertinentes, ya que el país ha tenido un crecimiento insuficiente, con incapacidad para generar empleos requeridos, con debilidad fiscal y asimetrías territoriales.
“El documento propone una macroeconomía que, sin despreocuparse del control de la inflación y la gestión cautelosa de las finanzas públicas, se base en fiscalidad progresiva, el gasto con prioridad en la provisión de bienes públicos, el aprovechamiento productivo de las capacidades laborales, el fomento de una política industrial para la innovación y el equipamiento y construcción de infraestructura ambientalmente conveniente”.
El académico de la FE, Gerardo Esquivel, dijo que el reporte muestra una nueva visión macroeconómica, la construcción un estado de bienestar y una economía sostenible.
“Así como los instrumentos para lograrlo, esto es importante en el momento que atraviesa el país, en el que una nueva administración construye sus políticas públicas”.
Finalmente, el rector Enrique Graue afirmó que el informe refleja la lacerante inequidad, “que es como un monstruo que se alimenta a sí mismo, si no la combatimos, nos destruirá por su propia ineficiencia.
“Al crecer la pobreza y acrecentarse la brecha de desigualdad, las oportunidades escasean, la desesperanza crece; se generan tensiones sociales y con ello inseguridad. La cultura del privilegio alimenta la corrupción y las carencias de los satisfactores sociales conllevan a un deterioro ambiental”, aseveró.
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