La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de las irregularidades en la construcción del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, lo que provocó el socavón en donde cuatro personas perdieron la vida, así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que su investigación será entregada a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere incluirla en su carpeta de investigación.
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“Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la vida a dos personas que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones”.
Asimismo, por las irregularidades entre las autoridades y las empresas, se solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue el caso de forma integral y no dispersa, basada en todo lo que pudo generar la falla, como las empresas y servidores públicos involucrados, debido a que sólo nueve de ellos han sido sancionados administrativamente, pero ninguno penalmente, lo cual mantiene al caso como impune.
“Imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente”.
Por lo anterior, se emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; a Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, directores generales de Banobras y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca.
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Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CNDH, explicó que en la investigación se acreditó la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema de alteración administrativa durante la construcción por la SCT y Banobras.
“La vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en medio ambiente e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no a ocho como originalmente se había previsto. Tampoco se contemplaron todos los cruces de agua y drenaje que podían afectarla; muchos permisos fueron solicitados hasta que se adjudicó la licitación, durante la ejecución de los trabajos o no fueron tramitados; pese a la advertencia de las constructoras y la Comisión Estatal del Agua, la SCT no reparó el desbordamiento de la tubería del drenaje que cruza el kilómetro 93+857 del socavón, lo que influyó en el hundimiento de la vialidad”.
En el caso de la Conagua, ésta no informó a la SCT sobre todos los puntos de afectación hidráulica, tampoco hizo las visitas de verificación correspondientes.
Mientras que el ayuntamiento de Cuernavaca no dio mantenimiento al drenaje, por lo que se acumuló la basura en el alcantarillado y drenaje que cruza la vialidad.
El gobierno estatal, a través de Protección Civil, no asumió el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida, tampoco generó las condiciones de seguridad necesaria que impidieran dos decesos más.
“Respecto al posible esquema de corrupción, observamos irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94 por ciento en el costo previsto de mil 134 millones de pesos y aumento de siete meses en la ejecución, sin la autorización de la Función Pública. La construcción de esa vialidad también causó la muerte de dos personas más, una de las cuales perdió la vida al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, la otra cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno”, concluyó Guadarrama.
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