ONU manifiesta preocupación por Ley de Seguridad Interior

Asegura que el contenido de la ley, que esta siendo discutida por la SCJN, podría impactar a los derechos humanos en México.

Por Jennifer Alcocer Miranda

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por el contenido de la Ley de Seguridad Interior (LSI), por su probable impacto a los derechos humanos en México.

A través de un documento exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tome en cuenta sus señalamientos y pueda incluirlos en la discusión mantiene en torno de dicha ley.

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"Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona su capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate del crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, alertaron.</p>

El consejo recordó los principios y normas que rigen el uso de la fuerza por las autoridades pertinentes, en particular el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Mismo que proporcionan una interpretación autorizada de los límites y los requisitos para el uso legítimo de la fuerza, en base a los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, así como de los mecanismos necesarios para su control y rendición de cuentas.

También señaló que existen obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que México accedió el 23 de marzo de 1981.

La protección del derecho a la vida (artículo 6) y la prohibición de la tortura (artículo 7) que no son derogables; el derecho a la libertad personal (artículo 9), a las garantías penales (artículo 14), a la privacidad (artículo 17), a la libertad de opinión y expresión (artículo 19), a la reunión pacífica (artículo 21) y a la libertad de asociación (artículo 22), entre otros, que exigen que, de acuerdo al párrafo 1 del artículo 2, cualquier medida que pueda restringir el ejercicio de tales derechos sea estrictamente necesaria y proporcional.

Asimismo, los Estados Partes están obligados a ofrecer recursos accesibles y eficaces para la protección de tales derechos, de acuerdo al párrafo 3 del artículo 2.2 El artículo 2 también impone a los Estados Partes la obligación de formar a todos los agentes del Estado en materia de derechos humanos.

En el documento hizo algunas observaciones más, entre las que destacan:

Ambigüedad de conceptos

La utilización de conceptos ambiguos podría favorecer una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria de la LSI. Similarmente, como los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos,

Sometimiento de la autoridad civil al mando militar

Las Fuerzas Armadas actúan en auxilio de las autoridades civiles, en ocasiones podrían sustituir plenamente a corporaciones civiles en sus funciones, provocando ausencia de rendición de cuentas a las autoridades civiles que estarían auxiliando.

Lesión a la autonomía

El artículo 31 de la Ley contempla que los “órganos autónomos deberán proporcionar la información que le requieran las autoridades”. Dicha disposición es particularmente riesgosa pues incluiría, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual podría debilitar su misión de supervisión de las acciones de las autoridades.

Actividades de inteligencia

La LSI extiende a las Fuerzas Armadas la facultad de realizar tareas de inteligencia “en materia de Seguridad Interior”, sin establecer las debidas garantías para su accionar ni mecanismos de autorización previa, control judicial ni administrativo, seguimiento, ni rendición de cuentas.

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