Sin permiso tiran cascajo de demoliciones

El material de desecho fue llevado a sitios autorizados por la Semarnat, ubicados en Texcoco, Chicoloapan y Xonacatlán, en el Estado de México

Por Omar Díaz

El Informe General de Fiscalización sobre la reconstrucción en la Ciudad de México reveló, entre otras irregularidades, que la Secretaría de Obras (Sobse) tiró sin permiso el cascajo que han generado las demoliciones de distintos inmuebles.

El documento elaborado por la Contraloría de la Ciudad de México señala que la Sobse no integró en los expedientes la autorización expresa acerca de los sitios de disposición final de los materiales producto de la demolición.

“En 14 contratos de demolición y uno de retiro, no se integró la autorización por parte de la autoridad competente del sitio de disposición final de estos materiales. No integra los comprobantes de ingreso de dichos materiales producto de la demolición a los sitios de disposición final. No obra en los expedientes las boletas originales de la disposición final”, señala el informe.

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El cascajo de las demoliciones fue llevado a sitios autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicados en Texcoco, Chicoloapan y Xonacatlán, en el Estado de México.

Al respecto, la Secretaría de Obras informó a Publimetro que contrataron a empresas para demoler inmuebles y sacar el cascajo de la capital del país, por lo que la responsabilidad de falta u omisión de permisos no recae exclusivamente en ellos.

“Contratamos a la empresa para la demolición y es responsabilidad de la empresa hacer todo ese trámite. El sitio de disposición final ya está preautorizado, lo que tenía que hacer la empresa es pagar para que les dieran el comprobante y eso integrarlo al expediente… Puede ser que efectivamente hayan omitido mandar la documentación: que sí lo hayan mandado (cascajo), pero hayan omitido mandar los comprobantes y para solventarlo, pues les vamos a pedirles los documentos”, comentó el área de comunicación social de la dependencia.

Más irregularidades

Asimismo, el informe de la Contraloría reveló que de la revisión a 38 expedientes de contratos de obra pública, se detectó la indebida integración de los mismos, toda vez que no se localizó diversa documentación como falta de pólizas y contratos de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Por lo anterior, la Contraloría recomendó a la Sobse implementar mecanismos de control que garanticen en lo subsecuente el estricto cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables, en lo relativo a la integración de los expedientes de los contratos de obra y supervisión a fin de evitar la recurrencia de las observaciones señaladas.

Herida abierta

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de la Ciudad de México, Esperanza Villalobos, sostuvo que están abierto a toda la ciudadanía para conocer sus inquietudes, a fin de lograr una Ley de Reconstrucción que responda verdaderamente a las demandas de los afectados y la ciudadanía en general.

“La Ciudad de México tiene una herida; está en una situación muy crítica que no ha sido atendida. Tenemos ya 15 meses de que fue el sismo del año pasado y hasta ahorita seguimos viendo cómo van y vienen buscando solución a sus demandas”, subrayó.

Principales irregularidades detectadas

  • Falta de entrega de documentación soporte por parte de los ejecutores del gasto.
  • Falta de documentación soporte que acredite la correcta aplicación de los recursos.
  • Incumplimiento en requisitos mínimos en la elaboración de los contratos.
  • Deficiente integración de los expedientes.
  • Inconsistencia en el fundamento legal de las fianzas de vicios ocultos.
  • Omisión en la aplicación de penas convencionales a contratistas, por atraso en la ejecución de los trabajos de demolición.
  • Incumplimientos a las Cláusulas establecidas en los contratos.
  • Documentación presumiblemente apócrifa y carente de formalidad.
  • Falta de documentación que acredite la entrega de los materiales adquiridos para la atención de la emergencia.
  • Trámite de solicitudes sin haber acreditado la personalidad de los solicitantes.

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