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El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México busca de nueva cuenta desaparecer el Instituto de Verificación Administrativa (Invea)
Hace dos años, en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el ex diputado local Jorge Romero propuso abrogar la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, y ahora esta propuesta fue retomada por la legisladora Gabriela Salido.
La diputada señaló que, a través de una iniciativa, buscan descentralizar el poder público del Invea, el fortalecimiento de los gobiernos locales y corresponder al espíritu de la Constitución, que dota a las alcaldías de facultades para la vigilancia y verificación administrativa en la capital.
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Además -dijo- con esta desaparición se pretende fortalecer a los gobiernos locales y generar ahorros de cerca de 294 millones 978 mil pesos al erario público.
“Implicará un ahorro en recursos públicos en virtud de que actualmente hay funciones que se duplican, por ejemplo la verificación de áreas verdes que es algo que hace la Secretaría de Medio Ambiente y que tiene en sus propias facultades”, sostuvo.
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Que se respete la Asamblea Constituyente
En tanto, el coordinador del PAN indicó que otro de los objetivos es poner a la Constitución de la Ciudad de México del lado de los ciudadanos.
“Es hacer que se cumpla la Constitución de la Ciudad y quitar la molestia a quienes emprenden de tener varios verificadores, varias ventanillas y acercar también la verificación al ciudadano a través de la verificación por parte de las alcaldías”, indicó.
Agregó que los diputados del PAN tienen muy claro que deben hacer realidad lo que la Asamblea Constituyente dispuso al poner límites a la burocracia y grupos de interés; precisó que las decisiones públicas deben estar orientadas al bien común de la ciudad.
De acuerdo a la iniciativa, la tarea de verificar administrativamente en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores y desarrollo urbano caería en las alcaldías, por lo que el Invea ya no tendría razón de ser.
