Sin previo aviso, como lo prometió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, autos estacionados en vía pública han sido llevados al corralón por elementos de tránsito como parte del programa de Chatarrización 2019, a pesar de que los dueños de los vehículos aseguraron que no estaban abandonados, sino que no tenían dónde guardarlos o que estaban en reparación.
El programa también llamado “Calidad de vida” –implementado desde febrero de este año y que ha llevado más de 2 mil autos a depósitos vehiculares– pretende recuperar espacios públicos por medio del retiro de carros chatarra o abandonados; sin embargo, antes de realizar el arrastre las autoridades tienen que notificar a los dueños para que puedan mover su automóvil en un periodo mínimo de 10 días, pero esto no sucede.
“No me notificaron nada, no me dieron oportunidad ni de mover el carro, porque si me avisan lo quito y lo paso a un taller. Lo estaba arreglando para hacer un tanque pipa porque escasea mucho el agua aquí. Estoy reparando el tanque; tengo papeles y facturas de todas las piezas que he comprado”, indicó Armando Contreras, dueño de una pipa que fue retirada la semana pasada de la calle Oriente 255-D, en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco.
Esto igualmente pasó con un vehículo Grand Marquis modelo 74, que pertenece al sobrino de Armando y que se encontraba parado debido a una ponchadura de llanta que sufrió hace tres semanas, pero como no ha tenido el dinero para comprar un neumático, el auto se encontraba estacionado en la calle.
Nula coordinación
El programa debería estar en coordinación con las 16 alcaldías, las cuales tienen la obligación de dar aviso a los afectados, pero esto no ocurre, pues las demarcaciones y la SSC realizan dicho programa de manera independiente; incluso oficiales de tránsito alegan que no es su responsabilidad avisar previamente debido a que operan con el reglamento de tránsito vigente, y no con el nuevo, que entrará en vigor el próximo 22 de abril y que obliga a notificar y esperar 72 horas para realizar el retiro del vehículo.
Ángel Gutiérrez, subdirector de Control de Estacionamientos de Vía Pública de la SSC, indicó en entrevista que el artículo 35 del Reglamento de Tránsito contempla que los vehículos estacionados en vía pública por más de 15 días deberán de ser removidos y se multará con hasta mil 689 pesos, sumados al arrastre del vehículo, por el que se cobran entre 800 y mil 500 pesos.
“Operamos con denuncias ciudadanas y recibimos alrededor de cien diarias. Posteriormente se corroboran todas para que en caso de que una sea efectiva se actúe inmediatamente para poder hacer el arrastre correspondiente.
“Para poder realizarlo tiene que haber previamente una denuncia o una queja ciudadana. Estamos arrastrando diariamente entre 35 y 70 vehículos”, indicó el oficial, tras subrayar que han encontrado vehículos que son foco de infección por la basura que ya tienen dentro o que sirven como refugio para los delincuentes.
De acuerdo con lo que dijo el titular de la SSC, el dueño del vehículo sólo tendrá hasta 30 días para que pueda ser retirado del depósito, en donde deberá acreditar la propiedad y pagar la multa correspondiente. De lo contrario, éste se chatarrizará.
Sin estacionamientos, ni protocolos
Laura Ballesteros, ex subsecretaria de planeación de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital, aseguró en entrevista que el problema principal de los “coches chatarra” tiene que ver con la gestión de estacionamientos, por lo que si no se crean espacios para guardar estas unidades, el problema continuará.
Además subrayó la poca coordinación que hay entre el gobierno capitalino y las alcaldías, y cuestionó la opacidad sobre quién hace la definición o bajo qué parámetros se cataloga un vehículo como chatarra.
“Este programa es una respuesta fácil a las quejas que se han tenido, pues no atienden ni solucionan ningún problema. Es importante tener una agenda de ordenamiento del espacio público, en términos de generación de bienestar y una movilidad mucho más segura; además hay una pequeña esquizofrenia en definiciones en cuanto al uso del automóvil, pues ¿cómo definen que un auto es chatarra o inservible? Es difícil para los vecinos entender esto y por eso hay ya una problemática.
“Se le tiene que exigir al gobierno un protocolo en donde se cumpla con la ley y el ciudadano tenga su propia garantía de audiencia. Se le tiene que exigir a la administración actual una ley de movilidad que genere programas integrales con una serie de políticas públicas que también disminuyan el uso del automóvil”, precisó.
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