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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las secretarías de Bienestar, Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema DIF a reconsiderar su negativa a la recomendación 29/2019, relacionada con las estancias infantiles.
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“Esperamos que se replantee la postura del Poder Ejecutivo y que honrando el compromiso que han reiterado con los derechos humanos, actúen atendiendo el interés superior de la niñez y los derechos de las madres y padres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad”, expresó el ombudsman Luis Raúl González Pérez.
Apuntó que la CNDH ha sido colocada frente a un hecho sin precedentes: “el rechazo concertado, directo, altisonante, desdeñoso e infundado, de la primera de sus recomendaciones al actual gobierno, referida a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles. Un gobierno que se comprometió explícitamente a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones de la CNDH”.
Consideró que en este caso, las autoridades argumentan razones que ponen en evidencia un desconocimiento de las leyes vigentes y, en particular, del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos.
Por ello, González Pérez emitió hoy un posicionamiento sobre la negativa de esas entidades a aceptar la recomendación, que estableció que cancelar el programa de estancias infantiles vulnera los derechos de los niños, padres de familia y responsables de las guarderías.
“La CNDH lamenta que dejando de lado cualquier posibilidad de diálogo o búsqueda de entendimiento, el Ejecutivo Federal haya optado por expresar su negativa y descalificar públicamente el trabajo de esta Comisión Nacional, reiterando su intención de continuar con actos que desconocen el interés superior de la niñez, así como los derechos de las madres y padres trabajadores”, anotó.
Advirtió que el organismo puede solicitar al Senado que las autoridades responsables den las explicaciones correspondientes, además, tiene la vía expedita para denunciar tales hechos y la perspectiva que las autoridades tienen sobre los derechos humanos en general.
El ombudsman anunció que continuará con la atención de este asunto, al brindar acompañamiento a las víctimas y ejerciendo su papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder.
Además, “proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se definan y protejan, ayudando a que frente a las autoridades se haga efectivo el poder de la población ante la arbitrariedad y la ilegalidad”.
Subrayó que el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, así como la defensa y preservación del interés superior de la niñez, no son una potestad, sino una obligación constitucional de todas las autoridades, empezando por el presidente.
“La vigencia de los derechos humanos no es una cuestión que dependa o quede condicionada a la apreciación o voluntad personal de ninguna autoridad, existiendo obligaciones expresas a cargo del Estado mexicano al respecto que necesariamente se deben acatar”, indicó.
En tanto, el primer visitador del organismo defensor de derechos humanos, Ismael Eslava Pérez, exigió que en caso de que subsista la negativa a aceptar la recomendación, procedan a hacer públicas sus razones, de conformidad con el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
