El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, presentó una iniciativa para crear un marco jurídico que refuerce la protección de los derechos de los infantes y se pueda garantizar la reparación del daño a quienes sean víctimas de bullying.
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La propuesta tiene como fin adicionar una sección sobre responsabilidad patrimonial del Estado en la Ley General de Educación con 6 artículos, así como reformar el artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.
La iniciativa se basa en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo directo 35/2014, por el que ordenó pagar 500 mil pesos a un menor que fue sujeto acoso escolar en una escuela privada del Estado México, hace cuatro años, el 15 de mayo de 2015.
“Derivado de esta sentencia quedó claro que los casos de bullying causan daños graves a los menores que lo sufren, en consecuencia tienen derecho a recibir el pago para la reparación de ese daño. Aprovechamos esta oportunidad para señalar la necesidad avanzar en una legislación integral en materia de acoso escolar, como herramienta eficaz para garantizar espacios escolares libres de violencia”, explicó.
México tiene altos niveles de bullying
Durante la exposición de motivos, Mario Delgado detalló que México registra altos niveles de bullying por arriba del promedio de entre los miembros de la OCDE. De acuerdo con el estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, los casos de Bullying en México afectan a 7 de cada 10 estudiantes.
Además, 85 por ciento de los casos suceden en la escuela; 82 por ciento de los niños con discapacidad son acosados en la escuela; más del 80 por ciento de los actos de bullying no son reportados a los maestros; 60 por ciento de los acosadores tienen al menos un incidente delictivo en la edad adulta y 3 millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso escolar.
El diputado de Morena recordó que hace tiempo presentó esta iniciativa en conjunto con las legisladoras Lucero Saldaña, así como la entonces senadora Mariana Gómez del Campo, para adecuar la legislación educativa en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de acoso escolar.
La iniciativa fue presentada el 14 de agosto de 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y turnada a comisiones del Senado de la República. Sin embargo, la propuesta no prosperó y fue declarada como asunto concluido por el Pleno del Senado de la República el 3 de noviembre de 2016.
“En esta iniciativa se plantea que la indemnización cubra la reparación integral de los daños, personales y morales, presentes y futuros, así como que tenga un efecto disuasivo respecto al acoso escolar”.
La indemnización será cubierta por la autoridad educativa correspondiente, en caso de instituciones privadas, la autoridad educativa responsable será aquella que otorgó la autorización. De la reclamación conocerá el Tribunal de Justicia Administrativa que ejerza jurisdicción sobre la autoridad educativa competente, ya sea local o federal.
