Debido a mensajes escritos, llamadas telefónicas, correos electrónicos y hasta falsos explosivos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha visto obligado a detener operaciones, cancelar vuelos y, en los casos más graves, desviar rutas comerciales.
Así lo informó la Subdirección de Seguridad del AICM y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en varias solicitudes de información que elaboró Publimetro a través de la plataforma de Transparencia, en donde, además, detallaron que tras estos parones las pérdidas millonarias son incalculables.
* Las restricciones las señala la ley: Segob sobre operativos en aeropuertos
De acuerdo con la data proporcionada, de 2013 a lo que va de 2019, la Dirección de Seguridad del Aeropuerto de la capital del país ha detectado 17 amenazas de bomba falsas, la mayoría orquestadas por ex empleados y bromistas, según señalan los reportes.
En tanto que, de 2000 a 2012, no se registró ninguna amenaza que pudiera vulnerar la seguridad de los pasajeros que transitan en esta zona del país, y la cual es considerada la más importante de las 32 entidades.
Santiago Agüero, responsable de comunicación social del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aseguró que el puerto aéreo no cuenta con datos precisos sobre las pérdidas millonarias por estas acciones.
Sin embargo, detalló que trabajan en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como el gobierno federal, para elaborar estrategias de seguridad que inhiban cualquier acto terrorista de este tipo.
Este diario buscó la postura de la SCT para conocer las acciones que han establecido y los protocolos una vez que detectan una amenaza de bomba; no obstante, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta por parte de comunicación social de la dependencia.
Vacíos legales
Alertar sobre una amenaza de bomba o cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de los pasajeros es penada por el Código Penal del país, aunque existen lagunas jurídicas que han impedido aplicar sanciones a los responsables.
De acuerdo con la normativa actual, se castiga hasta con diez años de prisión, amenazar o poner en riesgo la vida de personas o en su caso atentar contra sus vidas.
“Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de hasta 10 años de prisión”, precisa la ley.
Dependencias y empresas han padecido de amenazas de bomba en los últimos años, por ello, se han pronunciado por imponer sanciones más estrictas y mejorar los filtros de seguridad en esta área de la ciudad.
“Aunque no se encontró artefacto explosivo, si se localizaron mensajes amenazantes. No actuar es permitir que esto continúe sucediendo”, escribió la empresa Volaris en su Twitter.
