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El outsourcing o subcontratación de empleados a través de empresas externas es una figura permitida por la ley mexicana; aunque ésta ha sido aprovechada para simular o dejar de pagar prestaciones, salarios, cuotas de seguridad social y derechos a los trabajadores.
El artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo (LFT) define que el outsourcing legal o bueno “es aquel por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores, a favor de un contratante, persona física o moral”.
Los apartados 15-B, 15-C y 15-D de dicha legislación señalan que la subcontratación no podrá abarcar la totalidad de los empleados o actividades que se desarrollen en los centros de trabajo; y que sólo se justifica cuando se trata de personal especializado.
Refiere que el outsourcing bueno ofrece a los empleados un contrato escrito, que garantice todos los derechos y prestaciones de ley; desde acceso al IMSS, pago de aguinaldo y vacaciones; hasta el reparto de utilidades y acceso a instituciones públicas de crédito de vivienda como Infinavit.
Incluso, para reforzar el cumplimento de tales derechos laborales frente a cualquier omisión o falta de las empresas, en mayo de 2019 el Congreso mexicano aprobó la adición de las fracciones XIV y XV del artículo 5 de la LFT, que prohiben:
- Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados; para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de seguridad social.
- Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe; tal como sucede en el outsourcing malo o subcontratación ilegal.
Outsourcing bueno vs. malo
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El director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup México, Héctor Marquez Pitol, explicó que –como cualquier otro sistema de contratación– el outsourcing bueno o subcontratación legal garantiza:
- Contrato por escrito.
- Prestaciones mínimas de ley: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades, prima de antigüedad y liquidación al terminar la relación laboral.
- Servicios de seguridad social: atención en el IMSS, pago de incapacidades y licencias por maternidad; acceso de guarderías y otras actividades que brindan dichas instituciones a través de sus centros deportivos y recreativos.
- Ahorro para el retiro o de pensión, a través de una Afore.
- Derecho de adquirir un crédito para la compra de vivienda mediante el Infonavit.
Mientras que el las organizaciones que recurren al outsourcing malo:
- No dan contrato por escrito; hacen firmar al empleado acuerdos para incumplir sus obligaciones laborales.
- Incumplen con las prestaciones mínimas de ley y los servicios de seguridad social.
- Registran al trabajador ante el IMSS, SAT e Infonavit con un salario menor al real; parra evadir las cuotas obrero-patronales, impuestos y liquidaciones.
- No cubren las aportaciones regulares del Seguro Social e Infonavit; lo que afecta el acceso del trabajador al servicio médico, ahorro para el retiro y acceso a una pensión.
- Recurren a simulaciones para evadir el pago de impuestos; y obtener beneficios mediante el incumplimiento de sus obligaciones fiscales.
¿Cómo se castiga al outsourcing malo?
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El director del Despacho Hernández Reyes y Asociados, Joel Hernández Reyes, señaló que la ley Federal del Trabajo no establece multas específicas para quienes incumplen las normas y recurren el outsourcing malo.
Refirió que los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de dicha legislación sólo establecen las condiciones que deben cumplir las empresas que subcontratan; y las eventuales sanciones se originan a partir de inspecciones laborales que realiza la Secretaría del Trabajo.
“A través de la Dirección General de Inspección del Trabajo, la autoridad reporta al IMSS y al SAT las omisiones cometidas por las empresas que subcontratan; y de acuerdo al daño y tipo faltas se imponen las sanciones procedentes”, apuntó.
El especialista destacó que los empleados pueden denunciar y exigir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el pago de los derechos y beneficios de ley omitidos por las organizaciones de outsourcing.
“Al presentar la denuncia, el afectado debe indicar los actos incumplidos por las empresas implicadas y el periodo en que se registraron; mientras que el patrón deberá presentar el contrato, recibos de pago y los documentos que prueben o desmientan la imputación.
“Pero si no se comprueba o hay incongruencias entre el salario entregado, los ingresos registrados ante el IMSS, SAT e Ifonavit; la empresa deberá restituir los beneficios incumplidos y enfrentar las sanciones y multas determinadas por las autoridades”, puntualizó.
