MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Olga Tubau, la abogada del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, considera que el «referéndum ilegal» del 1 de octubre de 2017 fue un «fracaso» policial, pero también político, porque ni la policía autonómica, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, los tres cuerpos «llamados a impedirlo», pudieron cumplir el mandato judicial que ordenaba que no se celebrara.
«El referéndum ilegal se celebró y ninguno de los tres cuerpos llamados a impedirlo, ni juntos ni por separado, pudieron cumplir con lo mandado. Fue un fracaso policial frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –que fue el órgano judicial que ordenó impedirlo– o quizás fue principalmente un fracaso politico del que se hace responsable a los cuerpos policiales», ha afirmado en su informe de conclusiones en el juicio en el que Trapero está acusado de sedición en el ‘procés’.
La letrada del mayor, Olga Tubau, ha sostenido la estrategia de defensa que ha mantenido su representado durante el juicio, y es que el 1-O salieron a votar «dos millones de personas» y «no había efectivos policiales suficientes de ninguno de los tres cuerpos» para detenerles.
Pero además, la abogada ha denunciado que sean precisamente Policía Nacional y Guardia Civil los cuerpos que se encarguen de la investigación del ‘procés’ cuando ellos mismos también estaban mandatados por el TSJC para impedir el referéndum. Sus atestados, ha manifestado, están teñidos de «valoraciones personales dirigidos a hacer responsable exclusivamente» a Trapero.
En su opinión, «Guardia Civil y Policía Nacional tienen un interés directo en estos hechos porque si se condena al mayor Trapero» y si en la sentencia que dicte la Audiencia Nacional se dice que el 1-O fue un «fracaso de los Mossos d’Esquadra», esos otros dos cuerpos «verán su imagen restablecida».
Tubau también ha censurado que se quiera hacer a Trapero «responsable los actos de terceros», esto es, de otros mossos que intervinieron el día del referéndum independentista. «Es como si hubiese estado omnipresente y fuera todopoderoso sobre todos los agentes que intervinieron en la Consejería de Economía el 20 de septiembre o en los centros de votacion el 1 de octubre», ha remarcado.
