MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, ha pedido este viernes a los organismos internacionales que censuren los bloqueos de carreteras llevados a cabo por los sectores afines al partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), en rechazo al aplazamiento de las elecciones generales.
«El Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los Derechos Humanos», ha señalado Longaric durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ha insistido en que las movilizaciones y bloqueos ponen «en peligro» la vida de «miles» de bolivianos.
Longaric se ha dirigido especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quien ha reclamado «objetividad e imparcialidad». «La CIDH no puede convertirse en un portavoz y en un altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia», ha dicho.
Así, ha acusado a la CIDH de «parcialización ideológica», algo que «no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia» y «solamente desacredita a esta importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente».
Por otro lado, ha aludido específicamente a Morales y ha aseverado que «no puede ser ignorado el hecho de que no es la primera vez que el expresidente llama abiertamente a la confrontación y a la violencia», según ha informado el diario local ‘El Deber’. También, ha lamentado que la comunidad internacional muestre «pasividad» ante los mensajes «políticos» del exmandatario.
Por su parte, la CIDH ha llamado a Bolivia a «garantizar procesos de diálogo con todos los actores involucrados en las manifestaciones», en las que han reconocido que «se han cometido algunos hechos de violencia».
En este sentido, ha pedido al Gobierno interino «asegurar el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y velar por la garantía de los Derechos Humanos de la población», particularmente aquellos aquejados de COVID-19.
Según los datos de los que dispone la CIDH, que ha hecho hincapié en que «toma nota, con preocupación, de hechos de violencia», al menos siete personas, incluyendo un adolescente, han sido detenidos en el contexto de las protestas y se ha notificado también un posible caso de violencia policial contra una persona mayor en Cochabamba. También, ha aludido al uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes.
Asimismo, la CIDH también ha registrado que un agente de policía ha sufrido lesiones oculares. Además, ha expresado que «tiene conocimiento» de que, durante las últimas semanas, se han registrado «distintas afectaciones violentas en contra de personas y bienes, que habrían sido ocasionadas por algunas de las personas manifestantes, principalmente, contra policías, periodistas, personal y vehículos sanitarios».
Ante las «inadmisibles agresiones» contra periodistas y personal de salud, la CIDH ha reiterado la «importancia» de que el ejercicio del derecho de reunión se ejerza «de manera pacífica y sin armas», de conformidad con los estándares del Derecho Internacional.
Por último, el organismo ha advertido, «con extrema preocupación», del hecho de que los bloqueos en las carreteras, «causados, incluso, por explosiones de dinamita e incendios provocados», han impedido la distribución adecuada de insumos hospitalarios indispensables para la atención de personas con síntomas respiratorios derivados del contagio de la COVID-19, como tanques de oxígeno, y alimentos.
Al respecto, la CIDH ha destacado que la Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las movilizaciones, instruyó a los que bloquean las rutas terrestres a permitir el transporte de ambulancias, medicina y oxígeno. Asimismo, ha destacado los esfuerzos del Gobierno por garantizar la distribución de oxígeno, incluso por vía aérea.
LAS MOVILIZACIONES Y BLOQUEOS
Las organizaciones sociales ya habían avanzado la semana pasada su intención de llevar a cabo bloqueos si el TSE no daba marcha atrás en su decisión de aplazar los comicios, esta vez previstos para el 18 de octubre debido a la situación derivada de la pandemia de coronavirus.
En este sentido, y debido a las cifras de COVID-19 que las autoridades sanitarias reportan a diario en Bolivia, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su petición a que no se lleve a cabo movilización alguna para evitar eventuales contagios. La propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió el domingo «reflexión» ante el riesgo de contraer la COVID-19 en estas concentraciones.
Sin embargo, el jueves, el TSE se ha pronunciado a favor de mantener la fecha de las elecciones, pospuestas hasta el 18 de octubre, después de mantener una reunión con los dirigentes de las organizaciones sociales que protestan contra el aplazamiento.
Para justificar su decisión, el TSE ha explicado que la fecha del 18 de octubre proporciona «mejores garantías de salud» porque se espera que Bolivia haya pasado ya el pico de la pandemia de coronavirus, motivo del aplazamiento. Además, «es la fecha máxima desde el punto de vista constitucional» y, «desde el punto de vista técnico, es la más adecuada», ha señalado.
