Carlos Loranca Muñoz, quien se desempeñaba como magistrado federal fue destituido e inhabilitado, ya que se detectaron irregularidades por alrededor de seis millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales, incluso cuando se desempeñaba en un tribunal federal en Puebla se le relacionó con Othón Muñoz Bravo, apodado “El Cachetes”, líder huachicolero en la entidad.
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De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, Loranca Muñoz incurrió en diversas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 cuando se desempeñaba en Puebla.
“Luego de una exhaustiva investigación por su desempeño al frente de un tribunal en Puebla, se corroboró que incurrió en la conducta de faltar a la verdad respecto a su evolución patrimonial y las irregularidades reportadas”, precisó el CJF.
Tras detectarse las irregularidades millonarias, se determinó su destitución e inhabilitación por 15 años, aunque desde 2018 se le había sustituido, además de asegurar que las investigaciones administrativas se llevaron a cabo con profesionalismo, apegadas a debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.
En febrero de 2018 el magistrado envió una carta a La Jornada de Oriente para negar que se considerará un perseguido político, como se reportó en algunos medios; sin embargo, insistió en que no tenía ninguna relación con el líder criminal.
“Soy un hombre que conoce el derecho y que, por tanto, sé que la verdad jurídica tendrá que florecer; a mi salida del Primer Tribunal Unitario en Puebla, que fue desde principios de octubre del año pasado (2017), me he mantenido en silencio, en total respeto al procedimiento administrativo que se sigue ante el Consejo de la Judicatura Federal, el cual es eminentemente jurídico. Jamás podría pensar yo que se trata de una persecución política, como se quiere dar a entender”, afirmó en el texto.
Varios medios de comunicación en Puebla afirmaron que Carlos Loranca Muñoz se asoció con Othón Muñoz Bravo para abrir una gasolinera en Acajete.
