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Buscan 200 personas cambiar identidad de género tras aprobación de Ley Agnes

Previo a la aprobación de la reforma, las personas interesadas en cambiar su identidad autopercibida pagaban de 10 a 20 mil pesos para tramitar un amparo

Foto: Agencia Enfoque

Al menos 200 personas trans en Puebla han manifestado su intención de cambiar su identidad de género tras la aprobación de la Ley Agnes, por lo que pidieron al Gobierno del Estado agilizar la publicación en el Periódico Oficial y hacer efectivo este trámite.

En entrevista con Publimetro, Gabriela Chumacero Rodríguez, presidenta del Grupo Transgénero Puebla comentó que las y los interesados son de todo el estado, pero principalmente de municipios como Tehuacán, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Puebla.

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Detalló que la edad de los interesados va de los 18 a los 24 años, aunque también hay personas de hasta 50 años.

Comentó que a pesar de que esta ley fue aprobada el pasado 25 de febrero, aún no entra en vigor ya que no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Apuntó que con las nuevas reformas al Código Civil se hará una rectificación de acta en la que se cambiará el nombre y sexo de la persona y no será una nueva como se dijo en su momento y el documento primigenio, es decir, el primero que tuvieron cuando los registraron sus padres, quedará resguardado.

“Nada más se va a cambiar el nombre, no es un acta nueva ni con doble identidad, muchos confunden, ya va a ser nueva identidad en el acta primigenia”, dijo.

Pagaban hasta 20 mil pesos para cambio de identidad

Chumacero Rodríguez dio a conocer que previo a la Ley Agnes, las personas que estaban interesadas en cambiar su identidad autopercibida tenían que tramitar un amparo, el cual les costaba de 10 a 20 mil pesos para poder hacer valido este que ahora es un derecho.

“Por ejemplo yo después de cuatro años gane mi amparo, pero no me han podido dar el acta porque no hay jurídico en el Registro Civil”, señaló.

Insistió a los diputados que impulsaron la iniciativa a presionar al Ejecutivo estatal para reducir el plazo de 60 días que se establecieron en la reforma para que entre en vigor, pues los interesados cada vez son más.

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