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Usuarios de telefonía cuentan con 30 días para ampararse a entregar datos al IFT

La nueva disposición en materia de telecomunicaciones en el país entró en vigor el pasado 16 de abril y ya suma seis suspensiones

Padrón de usuarios de telefonía.

Ante el temor de robo de datos biométricos con el recién aprobado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el abodago litigante, Igor Trujillo Čenčič, aseguró que los usuarios cuentan con 30 días para ampararse.

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Por lo anterior, facilitó el escrito de amparo. que deberían interponer en caso de sentirse agraviados con la nueva disposición que entró en vigor el pasado sábado 16 de abril.

En una entrevista con Publimetro, explicó que se busca dotar a los ciudadanos de una herramienta para defenderse pues, a pesar de que el ánimo para su publicación y promulgación fue combatir al crimen organizado y fortalecer la seguridad nacional, lo hace en agravío de la ciudadanía.

«Esta reforma violenta derechos a la privacidad, resguardo de datos, acceso a la información, incluso a la difusión de las ideas, toda vez que si no cumples con todos los requisitos que se están poniendo, dentro de los dos años a partir de su publicación, te van a rescindir y cancelar tu contrato de telefonía», apuntó.

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Explicó que estas violaciones se suman al «poder» que tenía el gobierno, a través de fiscalía y de los jueces de control, del poder judicial, de intervenir las comunicaciones de aquellos sujetos que están en el crimen organizado y están siendo sujetos de investigaciones o en procesos o juicios penales.

El también fundador y socio del despacho Trujillo Čenčič Abogados, precisó que el bufet legal apoyará de manera probono a quien decida sumarse con ellos al amparo.

Sin embargo, a quien decida hacer de manera individual encontrarán en la página de internet todos los procesos a seguir.

Incriminando a los usuarios

Cuestionado sobre las implicaciones legales del mal uso del registro, explicó que no está debidamente resguardada la confidencialidad de los datos de aproximadamente 126 millones de líneas telefónicas.

Por lo anterior, en caso de que el títular del número de celular lo extravíe o se lo roben, podría ser acusado de los delitos que se cometan con él.

«Pueden suplantar tu personalidad y con ese número extorsionan a una persona, en principio, eres probable responsable de extorsión pues se cometió a través de tu teléfono».

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Y agregó: «De la misma manera, las empresas o cuentas corporativas, los delitos e infracciones que se cometan con la línea telefónica y no solo eso, se traslada la salvaguarda de los datos, si se te ocasiona un daño moral vas a demandarlos a ellos», dijo.

Qué implica la creación del Padrón de Usuarios

Para la creación del nuevo padrón se exige que cada titular de una tarjeta SIM facilite al operador telefónico, nombre, dirección, nacionalidad y número de la credencial para votar con fotografía.

Pero además, la toma de datos biométricos como huellas dactilares, registro de voz o escaneo de iris, datos que estarán a cargo del Instituto Federal de Telecomunicación (IFT).

Los clientes que ya cuentan ahora con una línea telefónica o que la adquieran antes de ese momento, tendrán un plazo para facilitar sus datos de dos años a partir de la publicación, es decir, el 16 de abril de 2023.

Quienes incurran en el registro extemporáneo de las líneas telefónicas, podrían pagar de 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de mil 792 pesos a cuatro mil 481 pesos. Tomando en cuenta que la UMA se definió este año en 89.6 pesos.

Recursos en contra de la disposición

Aunque esta disposición lleva apenas cuatro días vigente ya registra múltiples amparos para evitar que se les obligue a brindar sus datos personales y biométricos, sin que se cancele su línea.

De acuerdo con Milenio, cinco de ellas se concedieron el 21 de abril, por el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, en favor de Luis Miguel Rodríguez Alemán, Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez y a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín.

Y para este jueves se sumó la sexta suspensión a favor de un ciudadano.

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