La Fiscalía General de la República (FGR) negó que haya persecución política en contra del ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien ocupó dicho cargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues en todo momento tanto a él como a su abogado se les ha dado acceso a las pruebas que hay en su contra.
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Fue el viernes cuando se dio a conocer la vinculación a proceso en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, por lo que tendrá que acudir periódicamente a firmar, en el transcurso de la tarde Guajardo emitió un comunicado en el que dijo que este proceso “huele a persecución política”.
“El señor Ildefonso ‘G’ y su abogado han llevado a todos los medios sus criterios y justificaciones sobre el asunto penal que ambos enfrentan; esta Fiscalía se adhiere a esa transparencia en el proceso judicial que la ley autoriza y que sólo dicho Poder Judicial puede limitar. Son absolutamente falsas las afirmaciones en el sentido de que el caso ‘huele a persecución política’ y de que no se les ha dado acceso a las pruebas”.
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De acuerdo con la FGR, la denuncia en contra de Guajardo Villarreal la presentó la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de octubre de 2020.
Posteriormente, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta correspondiente, ésta se le dio a conocer el 8 de marzo pasado, cuando se le concedió acceso a todas las pruebas y esto ha sido permanente hasta el día de la audiencia.
“La acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de ocho millones 169 mil 639 pesos, cantidad que él afirma proviene del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana; al respecto, entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”.
Por lo que se le pidió que demuestre el origen de esa inconsistencia, sin que lo hiciera, fue por esto que el Ministerio Público Federal procedió a la judicialización del caso.
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“Ya en la audiencia ante el Juez de Control, la autoridad judicial le volvió a dar la oportunidad para que aportara las pruebas referidas, también para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente, ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado”, añadió la FGR.
Por lo que, argumentó la FGR, “si después de cuatro meses y de todas las oportunidades procesales para demostrar su inocencia, resulta que las pruebas que debió de haber entregado las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política, dicha estrategia, por su propio peso, demostrará cuál es la verdad sobre ese particular”.
