El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ratificó este lunes el binomio formado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta y también esposa, Rosario Murillo, para competir en las próximas presidenciales del 7 de noviembre, marcadas por la detención de varios opositores y candidatos.
«El Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional ratificó por unanimidad como su fórmula presidencial para las elecciones del próximo 7 de noviembre, al presidente, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta, Rosario Murillo».
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Se trata de la segunda vez que ambos forman parte de la candidatura del FSLN. En 2016 se impusieron con más del 72% de los votos. Anteriormente, Ortega había contado con el conservador Jaime Morales Carazo en 2006 para el puesto de vicepresidente, y ya en 2011, con el que fuera comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Omar Halleslevens.
Durante el acto, celebrado en Managua de manera telemática y presencial, se aprobó el programa electoral de la próxima legislatura. Además, las veinte candidaturas a diputados de la Asamblea Nacional y otras tantas para el Parlamento Centroamericano.
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Unos 4.7 millones de nicaragüenses están llamados para acudir a las urnas el 7 de noviembre. El actual gobierno de Ortega está acusado de perseguir a sus rivales políticos, activistas y periodistas.
La comunidad internacional ha puesto en duda la credibilidad de unos comicios marcados por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UE. También, por el uso político del sistema judicial para excluir a candidatos e inhabilitar a partidos de la oposición.
Por su quinto mandato
Ortega busca su quinta investidura presidencial y la cuarta consecutiva desde 2006.
Castigar a opositores
Suman 7 aspirantes a presidente detenidos rumbo a las elecciones del 7 de noviembre.
De héroe a villano
Daniel Ortega fue un líder popular que ayudó a derrocar la dinastía Somoza.
Comicios sin credibilidad
Human Rights Watch (HRW), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han cuestionado la credibilidad del proceso electoral.
