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Propone Karina Barrón reformas para sancionar violencia política de género

Busca que se reformen distintas leyes para castigar con severidad la violencia política de género. Incluso planteó sea causal de anular elecciones

Debido a que considera que la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, la diputada Karina Barrón presentó una iniciativa de serie de reformas para sancionar la violencia política de género.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local estableció que entre las sanciones que se contemplan incluso se podría llegar a la anulación de una elección.

Se tiene que legislar y armonizar en todas las entidades federativas en el tema de violencia política de género. Aquí presentamos cuatro iniciativas”, comentó.

Detalló que las reformas son a las leyes Electoral del estado y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como al Código Penal de la Constitución Política del estado.

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Ya este año iniciamos el periodo electoral y tiene que estar definido ya noventa días antes del arranque el tema sobre todo la violencia política que vivimos las mujeres”, comentó.

Barrón dijo que en el artículo 45 de la Constitución local se propone incluir que sí se comprueba la existencia de violencia política de género o irregularidades graves durante el proceso electoral se declaren nulos los comicios.

Especificó que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, es decir, en razón de género.

Que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecten desproporcionadamente, toda vez que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”, detalló.

En el Código Penal se buscará adicionar el artículo 331 Bis 7 para precisar que se presume que existen razones de género cuando haya situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio de la víctima; existan situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género.

En el caso de que en la comisión de este delito intervenga un servidor público o dirigente de un partido, que emplease la violencia o el engaño, o por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la mujer, se propone incrementar las sanciones.

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