Ayer terminaron las campañas en 13 entidades, pero en 12 de ellas -donde se elegirá gobernador- prevaleció la guerra sucia, actos de intimidación y las más viejas prácticas de compra y coacción del voto.
México no avanza en democracia y, por el contrario, cada proceso electoral es una clase nueva de cómo ganar las elecciones haciendo trampa, sin importar árbitros electorales ni nuevas reglas de juego. La tarea es ganar, sin importar cómo, ganar a costa de lo que sea y de quien sea.
En estos tres meses de campaña, los habitantes de estas 12 entidades vivieron tanta violencia como se pueda imaginar: oficinas y camionetas de partidos políticos incendiadas, amenazas de muerte contra candidatos, atentados y campañas negras entre adversarios.
Y como muestra de la madurez electoral y democrática del país:
-Atentaron contra las oficinas particulares del dirigente estatal del PAN en Veracruz, José de Jesús Mancha Alarcón, en Xalapa.
PUBLICIDAD
-Agredieron a balazos a equipo de campaña del PRD en Oaxaca, en la agencia municipal de Álvaro Obregón, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
-En Tamaulipas, 52 candidatos renunciaron a sus registros debido a amenazas de grupos delictivos.
-En Zacatecas, el candidato a la gubernatura del PES, Marco Antonio Flores, denunció amenazas de muerte.
-En Tamaulipas, el PRI falseó una foto para vincular al candidato del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, con el crimen organizado; después reconoció que la imagen estaba truqueada.
– En Sinaloa, al PRI le encontraron dos camiones llenos de despensas con el objetivo de comprar al electorado.
De todos estos hechos, los partidos y candidatos presentaron denuncias ante diversas instancias, la gran mayoría ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero mucho otros también recaen en la responsabilidad (al menos de sancionar o denunciar ante la Fepade) del INE.
El Instituto Nacional Electoral debe sacudirse la mala imagen que carga, tras el bochornoso y vergonzoso dicho de su consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien el año pasado se burló del gobernador nacional de los pueblos y comunidades indígenas, Hipólito Arriaga Pote, y del jefe supremo de la tribu chichimeca en Guanajuato, Mauricio Mata Soria.
“A ver guey, Edmundo (Jacobo), no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, te lo voy a decir: yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones”.
El árbitro electoral nacional y los Ople (Organismo Público Local Electora) deberán ser sumamente escrupulosos de documentar y sancionar el cúmulo de delitos electorales que, con toda seguridad, se registrarán el próximo domingo.
Hay focos rojos en Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas pues son las entidades donde más denuncias electorales se han presentado por uso de recursos públicos, coacción y compra del voto y aportación ilegal de recursos, entre otros.
Lo anterior, sin contar con el hecho de que Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz son entidades que no conocen la alternancia desde 1929, año en que se fundó el PRI, y que seguramente no la quieren y la rechazarán a toda costa.
Es tiempo de que la impunidad que tanto prevalece en el país así como en el ámbito judicial, se castigue de manera ejemplar en un país harto de la trampa, el chantaje, harta del servilismo político, harta de la política ficción, harta de la ambición de los candidatos y partidos, harta de la clase política que tenemos.