¿Deberían militares volver a cuarteles y dejar la vigilancia en las calles?

La semana pasada el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo que las fuerzas militares deben dejar de ocuparse de la seguridad pública

Por Mariana Gómez del Campo

Mariana Gómez del Campo 

Desgraciadamente no se puede negar que la delincuencia organizada influye en diversas zonas del país, en muchos casos, por la falta de capacidades institucionales de las policías estatales y municipales, y en muchas otras zonas por franca corrupción e infiltración.

El Gobierno Federal encabezado por el expresidente Felipe Calderón reconoció la crisis que se vivía por lo menos en 250 municipios del país donde incluso ya había desplazamientos humanos, es decir, familias enteras que por cuestiones de seguridad abandonaban sus lugares de residencia, y decidió intervenir de forma decidida.

Desplegó a elementos del Ejército y la Marina de forma temporal y subsidiaria mientras se constituían policías estatales confiables y eficientes; su encomienda fue precisa: proteger la seguridad interior del país combatiendo y conteniendo a los criminales. Era evidente que la tarea no era fácil y que tomaría tiempo, así lo dijo en reiteradas ocasiones. El primer despliegue de elementos incluyó 4 mil 260 soldados, 1,054 marinos y 1,420 policías para reestablecer el orden en territorios influidos por el crimen organizado.

Durante la campaña en 2012, muchos personajes del PRI afirmaron que ellos “sí sabían gobernar” y manejar las crisis de seguridad como la que enfrentó la administración anterior. Olvidaron intencionalmente que la mayoría de los estados plagados de delincuencia estaban gobernados por el PRI. Las cifras muestran que el Presidente Peña Nieto continuó con la estrategia del ex Presidente Calderón, no hubo tal cambio de rumbo. Lo que sí ocurrió es que se intentó ocultar la realidad dejando de abordar mediáticamente el problema. El número de elementos tanto del Ejército como de la Marina se duplicó. En 2012, había 75 bases militares mixtas, mil 680 efectivos y 160 vehículos militares destinados a la seguridad pública, en 2016 hay 142 bases, 3,386 efectivos y 368 vehículos en las calles.

Cabe mencionar que en 2012, el Ejército tenía bases de operaciones para apoyar las tareas de seguridad pública en 19 estados, actualmente la presencia militar se encuentra en 24 entidades, el 75% de cobertura en el país.

Por alguna razón, los resultados en este sexenio han sido deficientes. Entre 2011 y 2012, los militares adscritos a las bases operativas detuvieron a 426 presuntos delincuentes, cumplimentaron seis órdenes de aprehensión, aseguraron 381 vehículos y decomisaron 631 armas de fuego y 20 granadas. Entre 2015 y 2016, los resultados decrecieron más del 50% pues sólo se detuvieron 175 personas, se cumplieron 3 órdenes de aprehensión, se aseguraron 162 vehículos, mientras que apenas 109 armas y 6 granadas fueron decomisadas.

El principal problema es que la inseguridad en este sexenio ha ido a la alza, resulta evidente que el Ejercito, la Marina y la Policía Federal hacen un esfuerzo asombroso con tal de satisfacer la demanda ciudadana de seguridad, el problema radica en que están haciendo lo que los estados y los municipios deberían realizar. Los gobernadores se están lavando las manos, el Presidente en lugar de suplantar su rol, debe ser el principal actor que impulse la formación de policías locales confiables, aportando capacitación, promoviendo el uso de tecnología y presionando para que los controles de confianza y la evaluación policial sea factor de cambio. Todos quisiéramos ver a las fuerzas armadas en los cuarteles ya que han asumido con valentía la tarea de defendernos, es hora de honrar a las y los mexicanos que han perdido la vida en esta batalla haciendo que cada nivel de gobierno cumpla con lo que le corresponde. No se trata de repartir culpas, emitir justificaciones, ni de negar la realidad. Se trata de crear una verdadera estrategia, una integral y efectiva.

 

Marcela Guerra

La presencia del ejército en las calles es necesaria, sin embargo, la ausencia de un marco normativo que proporcione certeza jurídica ante las tareas que se le encomiendan, coloca a las fuerzas armadas en una posición de vulnerabilidad ante acusaciones de violaciones a derechos humanos.

Es urgente que les brindemos respaldo dotándolas de legislación que precise los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, así como el acotamiento de tareas específicas y delimitación de funciones para fortalecer la seguridad interior.

Además, es oportuno señalar que también se les debe proporcionar un presupuesto adecuado para proseguir con la renovación de infraestructura; de capacitación ante las nuevas amenazas y la ampliación de programas de reclutamiento de nuevos elementos a fin de que prosigan coadyuvando en tareas de seguridad pública y de seguridad interior.

En congruencia con lo anterior, debe continuarse con la profesionalización de los cuerpos policiacos y de ser necesario, hacer una revisión minuciosa de la aplicación de las asignaciones que la federación otorga a las entidades y municipios del país.

Ahora más que nunca es importante reconocer las tareas de seguridad que han venido haciendo en los últimos 10 años las fuerzas armadas. Su desempeño ha sido exitoso en algunas entidades del país como es el caso de Nuevo León, en el que la incursión de los militares y la participación de los tres órdenes de gobierno, de mano de la iniciativa privada, lograron la contención del crimen y la violencia. Desafortunadamente esta experiencia no es tan fácil de replicar en el resto del país y por ello no es conveniente que los militares regresen a sus cuarteles.

Actualmente, existen en el poder legislativo dos iniciativas para solucionar la problemática de la seguridad interior, las cuales se encuentran en comisiones y dada la trascendencia de las mismas, requerirán de una adecuada reflexión en la que deberán participar diferentes actores de la sociedad.

Es momento de reconocer también que la delincuencia organizada no es la única responsable de la inseguridad en el país, dado que la gran parte de los delitos más frecuentes por entidad federativa, no son cometidos bajo esta figura como: extorsión, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo en cajero automático o robo en transporte público; y fraude.
Por tanto, marco legal y trabajo de prevención del delito deben formar parte de una estrategia integral en la que gobierno, poder legislativo, iniciativa privada y sociedad civil organizada debemos hacer eficaz y prontamente la tarea que nos corresponde.

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