¿Se puede garantizar la objetividad de la PGR respecto al presunto espionaje?

Este sexenio ha estado marcado por una serie de escándalos vergonzosos que han afectado la investidura presidencial y han deteriorado a un más la confianza en las instituciones; ha sido tal la cantidad de errores de este Gobierno, que el sentir social es que tuvimos una regresión en el tiempo. Cuando pensamos que México consolidaba su democracia hemos vuelto a ver: violaciones graves a los derechos humanos, elecciones de Estado, uso de programas sociales para fines electorales, oídos sordos ante los reclamos legítimos de la ciudadanía, y para rematar, espionaje a periodistas, representantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.

Lo que más preocupa es el momento en el que la investigación sobre el presunto espionaje gubernamental fue publicado por el diario The New York Times, pues no terminábamos de digerir el impacto por la ola de violencia hacia periodistas cuando el tema sale a la luz; es decir, un gobierno que ha sido incapaz de proteger a periodistas ahora utiliza los medios de inteligencia contra ellos y todo aquel que lesione sus intereses y señale la corrupción. Reitero, vivimos una regresión a los tiempos del presidencialismo priista intolerante y autoritario.

Pero quizá lo que más indigna a los ciudadanos es la indolencia y el cinismo del PRI-Gobierno, su incapacidad de autocrítica y su descaro para mentirle a los mexicanos. Prueba de ello fue el nombramiento de Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública, en febrero de 2015, para que investigara al Presidente, a su esposa y el Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre el posible conflicto de interés por la adquisición de inmuebles a Grupo HIGA, un contratista del Gobierno, resultó -como lo advertimos en sus momento- un nombramiento a modo y una maniobra en la que un subalterno designado por presidente terminó exonerándolo seis meses después. Esa fue la joya en materia de simulación en el combate a la corrupción.

Ahora se encomienda a la PGR que sea juez y parte e investigue al mismo gobierno. Esta historia podría repetirse mil veces mientras no contemos con una Fiscalía autónoma que cumpla con la función que deseamos los mexicanos: perseguir a quien se tenga que perseguir.

Desafortunadas fueron las declaraciones del Presidente de la República, que hace unos días afirmó que esperaba que la PGR “al amparo de la ley”, pudiera aplicar la justicia contra aquellos que levantaron “falsos señalamientos” contra su Gobierno. Horas después se desdijo, la afirmación resonó como una instrucción del titular del Ejecutivo Federal para perseguir a los periodistas que publicaron la investigación.

En ese sentido, desde Acción Nacional hemos exigido desde el Congreso la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Procuraduría General de la República para que respondan ante los señalamientos realizados con base en un estudio de Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.

De comprobarse el espionaje parece tener un claro objetivo: amedrentar periodistas y líderes defensores de derechos humanos lo que lesiona la libertad de expresión y de opinión, derechos fundamentales en todo sistema democrático, por lo que el espionaje está claramente dirigido a limitar las expresiones, investigaciones y opiniones que libremente se emiten y que en muchas ocasiones incomodan al Gobierno Federal. Algo es claro, en una democracia el debate político nunca debe ser inhibido o coartado.

México no merece más casos sin respuestas, ni más impunidad, ni autoridades retrógradas. Estamos a tiempo de recuperar el rumbo perdido en la vía de la consolidación democrática del país. La decisión la tenemos todos los ciudadanos y el poder está en nuestro voto. La cita con el 2018 está a la vuelta de la esquina.