La desesperación cunde en la cúpula de Acción Nacional y el PRD ante la certeza de que en las elecciones del próximo 1 de julio Morena conquistará la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Como las encuestas señalan que Claudia Sheinbaum lidera por amplio margen las preferencias de los capitalinos, la coalición Por México al Frente, encabezada por PAN y PRD, con argucias ilegales pretende disponer de multimillonarios recursos públicos para manejarlos con fines electorales.
En efecto, buscan manejar a su libre antojo los 7 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de la ciudad, más otros 7 mil 134 provenientes de los recursos para ampliaciones presupuestales de las delegaciones. En total, 14 mil 134 millones de pesos.
Se relamen de gusto al suponer que con esa monumental cifra de dinero repartirán prebendas y conseguirán corromper la voluntad popular.
Con tal propósito, los diputados Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, y el legislador de Acción Nacional Jorge Romero, se autonombraron representantes de facto de la Asamblea Legislativa.
Buscaban por sí solos supervisar, vigilar y proponer el ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción de la ciudad.
Y usurpar, en consecuencia, las facultades que la legislación confiere, en exclusiva, al titular del Ejecutivo local y a las dependencias bajo sus órdenes.
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Para impedir que esos tres legisladores manejen en beneficio de sus intereses los recursos públicos, la bancada de Morena en la Asamblea interpuso, ante la Suprema Corte de Justicia, una Acción de Inconstitucionalidad en contra del manejo discrecional del Presupuesto de Egresos 2018 para la Ciudad de México.
Ante la Corte impugnamos los artículos 13, el último párrafo del 14, el Quinto transitorio y el último párrafo del Décimo Tercer transitorio, los cuales fueron manipulados para darles la facultad a esos tres asambleístas de disponer de los recursos destinados a la reconstrucción y de las ampliaciones presupuestales de las delegaciones.
Tales artículos del decreto del Presupuesto de Egresos 2018 para la Ciudad de México –advertimos– quebrantan los principios constitucionales de la división de poderes establecidos en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de tal tamaño la violación de los preceptos legales con que se tergiversó la normatividad del organismo parlamentario, que cambiaron el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, el cual dispone, como atribuciones de ésta:
“III. Examinar, discutir y aprobar anualmente, a más tardar el 20 de diciembre de cada año, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y, en su caso, las modificaciones y adiciones al Código Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente…”
En efecto, tales ordenamientos fueron sustituidos en el decreto presupuestal que “autorizará, supervisará, vigilará y propondrá” el ejercicio de los recursos asignados…
Como es evidente, el significado de “autorizará, supervisará y vigilará” es por completo diferente de “examinar, discutir y aprobar”.
En la Acción de Anticonstitucionalidad indicamos que dicha tergiversación fractura el orden constitucional y los principios y fundamentos del Estado republicano, democrático y representativo.
También señalamos que el Presupuesto de Egresos en su conjunto, en especial la normativa a que nos referimos en la Acción de Inconstitucionalidad, no se discutieron ni se examinaron, razón por la cual demandamos la invalidez de esa parte del Presupuesto.
Y porque ningún legislador puede legalmente, por sí o en conjunto, actuar en representación de la Asamblea Legislativa para “autorizar, supervisar, vigilar y proponer” el destino de los recursos públicos.
En respuesta, Luna, Toledo y Romero, esos tres angelitos, publicaron un amplio desplegado en la prensa en donde con sus acostumbradas falacias rechazan los argumentos de nuestra Acción de Inconstitucionalidad. Y en un alarde de cinismo advierten:
“Considerar ilegal algunos artículos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2108 es ‘temerario’ y muestra una falta absoluta de conocimiento”.
Pero resulta que Mauricio Merino, subcomisionado de Transparencia para la Reconstrucción, les calló la boca al afirmar que los tres legisladores aludidos tienen “secuestrado el presupuesto”.
Ante el escándalo, el propio jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera aceptó que debe “adecuarse el presupuesto para no incurrir en ilegalidad”.
Así, los señalamientos de Morena ya rinden frutos porque otros asambleístas, como la priista Dunia Ludlow, han señalado que Mancera pudo vetar los párrafos donde Luna, Toledo y Romero se adjudicaron estas facultades plenipotenciarias.
“Podría haberlo vetado y dicho que había un exceso de facultades del Legislativo sobre el Ejecutivo que él encabeza”, señaló la legisladora. “Pero no lo hizo”.
Más aún: ante la promesa de su jefe Mancera de “adecuar el presupuesto, el PRD de plano ya reculó, al extremo de que Raúl Flores, diputado local y presidente de ese partido en la capital, admitió que “si los asambleístas fueron más allá de la ley, ésta podría enmendarse y (que) aceptarían reunirse con Merino para escuchar su posición al respecto”.
Y muy a su despecho, también aceptó que “si hubo algún tema de invasión de facultades, estaríamos corrigiéndolo”.
Luego pues, todo indica que gracias a los esfuerzos de Morena, el secuestro del presupuesto hecho por la triada de los angelitos del agandalle está por llegar a su fin.
Confiamos, asimismo, que la Corte resolverá a nuestro favor la Acción de Anticonstitucionalidad para dar un remate democrático y legal al oprobioso episodio legislativo protagonizado por Acción Nacional y el PRD.
*Coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa.