La resolución judicial que dio una condena de 9 años, menos la reducción por posible buen comportamiento al ex gobernador de Veracruz es a todas luces insuficiente para la dimensión de los delitos por los que se le acusó.
Si bien es cierto que todos los ciudadanos en nuestro país deben tener la garantía de que se respeten sus derechos, también es indispensable que en México impere el Estado de Derecho, pero sobre todo la justicia.
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La sentencia dictada a Javier Duarte aunque sea legal porque aparentemente se apega a Derecho no fue justa. La ciudadanía y la población critican con toda razón esa decisión. Es inaceptable que con tretas jurídicas quienes delinquen puedan evadir la acción de la justicia. En México ya no puede seguir pasando que los políticos se enriquezcan y gocen de impunidad.
En este caso, es inadmisible que el Señor Duarte se haya hecho de un sinfín de propiedades, haya desviado dinero público y que solo devuelva una parte, por si fuera poco en muy poco tiempo podrá salir libre a disfrutar de lo que obtuvo con malas prácticas.
El pueblo está harto de esa corrupción. Por eso, en las pasadas elecciones la mayoría votó por un gobierno que actúe con apego a la Ley, en el que se castiguen severamente los delitos cometidos por los políticos. Es por ello, que en Morena tenemos el compromiso de acabar con la corrupción.
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En este sentido, nuestra convicción es respetar siempre los derechos humanos y no caer en el exceso de los gobiernos anteriores de usar a la justicia para venganzas o persecuciones políticas. Sin embargo, según entiendo, el proceso de Javier Duarte aún no está concluido, la PGR debe apelar y exigimos a las autoridades judiciales para que, con absoluto respeto a la Ley, se revise la sentencia, se haga verdadera justicia y el ex gobernador reciba el castigo que se merece.