Para escribir este artículo, me preguntaron si la sentencia otorgada a Javier Duarte era justa. Les doy algunos datos objetivos: J. Duarte se ha convertido en el símbolo de la corrupción en México.
Hace apenas unos días, él mismo aceptó ser culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Pero, ¿es justa la sentencia de nueve años de prisión, la multa de 58 mil 890 pesos y una amonestación verbal para la no reincidencia? La PGR se dijo “insatisfecha” por algo que consideró como una “sentencia mínima”.
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Por lo que leí en redes estos días, considero que los mexicanos lo que desean es ver una reparación del daño más proporcional, por lo que quisiera hablar de un tema fundamental que debe funcionar mejor en nuestro país: la extinción de dominio.
Esta figura consiste en que el Estado, una vez que emite una sentencia, pueda estar en posibilidades de confiscar el dinero, las propiedades y los bienes obtenidos de manera ilícita. Sin embargo, desde hace 10 años, cuando se incorporó la extinción de dominio a las leyes de nuestro país, esta figura se ha utilizado en muy pocas ocasiones, y la mayoría de las veces termina en litigios que a la fecha siguen en disputa. Además, en México ésta se aplica al final del juicio y no al comienzo como en muchos otros países. Por ello, se hace necesario reformar el concepto de extinción de dominio para que su aplicación pueda ser más rápida y eficaz.
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La idea es que los bienes y recursos obtenidos ilícitamente sean reintegrados al erario y puedan ser usados para lo que en un principio fueron destinados.
El fortalecimiento y la renovación de la extinción de dominio lo haría un mecanismo idóneo para atacar mejor a los delincuentes y corruptos, así como a sus redes criminales. Nadie debería poder beneficiarse económica o patrimonialmente de actos de corrupción, aun cuando cumpla sus años de cárcel.