A través de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), el gobierno actual inició un proceso de reingeniería que fortalece algunas Secretarías, debilita a otras, realiza cambios de denominación, promueve nuevas figuras y elimina lo que considera que no funciona, bajo la premisa de tener un gobierno austero y eficiente.
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Un elemento que ha tocado las fibras de la política nacional es la creación de la figura de coordinadores estatales, llamados coloquialmente ‘superdelegados’, ya que tendrán múltiples atribuciones, entre las que se encuentran la atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, dependencias y entidades del Gobierno Federal y la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral.
En un inicio se contemplaba que los ‘superdelegados’ también estarían presentes en las mesas estatales de seguridad. Sin embargo, tras el reclamo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se anunció la semana pasada que se modificaría esa propuesta.
Estos hechos son muestra de que, aunque estas figuras ya existen en la ley, hace falta puntualizar sus funciones, atribuciones y responsabilidades. ¿Podrán suscribir convenios con los Estados y atenerse a ellos como parte obligada? ¿Habrá requisitos para ocupar el cargo y salvaguardas que eviten que se utilice como plataforma política?
Nuestra constitución estipula, en sus artículos 40 y 41, que México es una república compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y establece que los tres Poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y los de los estados no podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
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Es absolutamente necesario afinar las funciones y atribuciones de ‘superdelegados’, so pena de que en su ejercicio absorban, en contra de nuestro federalismo, facultades de los estados soberanos. El equilibrio de poderes es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra democracia, y ninguna “transformación” puede ir en contra de las soberanías estatales y municipales, ni de los sanos equilibrios entre los poderes de la unión.