La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, así como que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de manera obligatoria, lo que implica que la educación superior no es obligatoria para el Estado impartirla.
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No obstante lo anterior, en días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló el inicio de la construcción de 100 universidades públicas en el país y que se cuentan con aproximadamente la mitad de los terrenos donados para este efecto, con el objetivo de que se pueda dar educación superior a los miles de jóvenes que demandan este servicio.
En efecto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019 existe un rubro específico en el que se prevé el destino de mil millones de pesos para estos efectos.
Desde luego que la demanda de educación superior en nuestros días es muy alta, el índice de estudiantes que desean ingresar a una universidad pública en México cada vez es más alto, estadísticamente solo 3 de cada 10 jóvenes pueden estudiar una carrera profesional, aunado a que ingresar a una universidad privada es muy costoso, aun y cuando en este rubro también es relevante señalar que existe una importante oferta con colegiaturas accesibles, sin embargo, no todos tienen acceso a este tipo de educación.
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Si bien es cierto que las 100 universidades anunciadas no lograrán dar respuesta a la totalidad de demandas existentes, también es verdad que el anuncio y el destino de millones de pesos en el presupuesto de egresos es un avance importante en nuestro país sobre todo si se considera que se construirán en zonas alejadas y marginadas.
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Hace muchos años que no se construyen universidades públicas, para los gobiernos anteriores era un rubro olvidado bajo la justificación de que no es obligación del estado impartir educación superior de manera gratuita a la sociedad.