Cuando leemos o escuchamos acerca de la situación en Venezuela, es inevitable reflexionar acerca de la situación que viven los derechos humanos en un país en el que Nicolás Maduro ha acallado a la oposición pasando por encima de la democracia de toda una Nación, inicialmente llamando a una elección para conformar de manera ilegal, la Asamblea -A Modo- Nacional Constituyente de 2017, de la cual su totalidad de integrantes eran afines a su proyecto y que reescribirían la Constitución de Venezuela de tal forma que tuviera el control total del Estado.
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Hoy el mundo es testigo de los resultados de las decisiones de un régimen que ha provocado la caída de su crecimiento económico del 5.6 % que registró en 2012 a la alarmante cifra del -16 % en 2018, una inflación de 12 mil 615 %, su Producto Interno Bruto de -5 % y un muy lamentable 87 % de población en estado de pobreza, datos que reclaman la atención de todos los países latinoamericanos y del resto del orbe.
En días pasados, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue nombrado “presidente encargado”, situación que desató declaraciones de apoyo y respaldo por parte de mandatarios de varios países de América hacia su persona, en los que no se encuentra México pues el titular del Ejecutivo declaró reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero instó a buscar una solución política.
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Si México junto con Uruguay, logran por medio del diálogo, resolver la situación a través de la vía pacífica en Venezuela, sin que haya derramamiento de sangre, sería sin duda algo que aplaudir, sin embargo, si este intento es únicamente para darle “oxígeno” a un régimen autoritario y represor como es el de Nicolás Maduro, será entonces un gran error de los encargados de la política exterior mexicana, que han venido dando tumbos a raíz de la posición asumida por AMLO al avalar al dictador Maduro, una persona que ha violentado el orden constitucional en Venezuela al desconocer al órgano legislativo legalmente constituido en su país.
