En democracia las reformas requieren consenso

Por Mónica Fernández Balboa

Las reformas legislativas siempre implican un camino complicado de análisis, negociación y aprobación. Este es el caso de la reforma constitucional para transformar la educación pública en México. Como es bien sabido una de las prioridades del gobierno del presidente López Obrador y de MORENA es dar marcha atrás al cambio que se impuso hace unos años sin el consenso de las maestras y maestros.

Cuando se aprobó la mal llamada reforma educativa, se introdujeron en la Constitución una serie de preceptos en el artículo 3° que en realidad estaban lejos de pretender mejorar la educación. Esa reforma solo eran normas punitivas que buscaban presionar al magisterio, sin que se incidiera en los contenidos de los planes y programas de estudios.

Como es obvio esas nuevas normas recibieron el rechazo de numerosos grupos de maestras y maestros que organizados en torno a los sindicatos magisteriales o no, manifestaron su inconformidad, pues se trataba de una cuestión laboral más que educativa.

La ausencia del diálogo y la imposición que se pretendía llevar a cabo solo trajo un distanciamiento y conflictos entre el gobierno y el profesorado, sin alcanzar ninguna meta palpable para los estudiantes. Por eso, el presidente de la República asumió el compromiso de revisar los cambios y construir a una nueva reforma que tomara en cuenta los puntos de vista de todos los involucrados en el proceso educativo.

En este sentido, es deseable y posible que, como ha venido sucediendo en el Senado de la República con el parlamento abierto, mediante el diálogo y negociación, haciendo a un lado las actitudes autoritarias, se llegue a los acuerdos necesarios entre todos, para eliminar todos los aspectos represivos que hoy están vigentes de la anterior política educativa. Así se logrará una reforma auténtica y útil que tenga el apoyo mayoritario de los sindicatos, de maestros independientes, de instituciones de educación pública, de la población en general y en la que el Estado mantendrá la rectoría de una actividad trascendente y estratégica para nuestro desarrollo como país.

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