Técnicamente, México no tendría por qué reclamar absolutamente nada. Podemos decir que el que incauta se lo queda y, por lo tanto, es un asunto de soberanías nacionales. Por ejemplo, Mexico no puede incautar cuentas gringas.
Si se persigue un delito en México y no en Estados Unidos de América, no pueden surtir efecto en bienes en el extranjero salvo que se lleve un proceso de colaboración y en ese caso sí, pero si se persiguen delitos en ambos países –como es el caso– cada país incauta lo que le corresponde y, de probarse la procedencia ilícita, el Estado encargado se lo queda. Esa es la explicación que da mi equipo sobre lo que legalmente se puede y no se puede a la vez.
En la narrativa de la política quizá resulte para algunos rentable hacer creer que esos bienes son de la nación o que se deben regresar al país, pero como hemos explicado, esto no tiene que ser así. También resulta atractivo pensar que cualquier delincuente con eso “pague” lo que le debe a la gente que hizo daño como una especie de venganza y cobro de “facturas” por todas las afectaciones. Siendo así, el discurso político puede redituar porque en un país como el nuestro, cuando la impunidad reina, la venganza gana. Con eso, más de uno puede engañar.
La realidad jurídica es que no es posible y aunque lo fuera –en un estricto sentido de la justicia– no hay riqueza que alcance para realmente resarcir los daños que deja el crimen organizado. Más bien, las autoridades y la ciudadanía debemos colaborar en que esto no se repita. Porque no podemos vivir en un país donde la impunidad mata y perjudica a miles de personas todos los días. No se trata de recursos, se trata de meros actos de prevención del delito y justicia que no permita que tengamos más delincuentes en las calles.