¿Qué debe hacer el gobierno ante los amparos frecuentes que han bloqueado la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía?
La respuesta es muy sencilla y a la vez compleja. El Gobierno Federal debe esperar la decisión judicial y acatarla. Entonces, lo que sigue es cumplir a cabalidad los requisitos de las próximas obras para que no vuelva a suceder.
Aunque esto suena muy idealista, porque mientras se discuten muchos por qué del nuevo aeropuerto, que de una administración a otra -como suele suceder en los cambios de gobierno- cambió de sede, las personas que estamos en tránsito, los que viajan por negocios y las inversiones parecen estar por un largo letargo en que bien podríamos pensar que nos quedamos, con esa decisión unilateral, “como el perro de las dos torras”.
No tenemos ningún nuevo aeropuerto, ni se deja construir el que está en la propuesta del Gobierno en turno, ni se acabó el anterior por motivos de corrupción que no han llevado a nadie a la cárcel y tal parece, entonces, que estamos en la parálisis sin mayor salida más que la “amparitis” que tampoco otorga garantías de que se resuelva el problema.
Espero se entienda que una visión de desarrollo económico integral, el aeropuerto no sólo es necesario, sino urgente. No podemos resistir más con el que se tiene en el núcleo de los servicios del país como lo es la Ciudad de México y alrededores. Más valdría que se desatorara esto de la forma que más convenga, pero que se haga. Por lo que no se vale es un freno eterno de seis largos años sin ninguna opción o alternativa para el tránsito de personas vía aérea.