Política exterior de Estado, la posición mexicana frente al “tercer país seguro”

El siglo XXI se ha caracterizado por el fenómeno del desplazamiento forzado y las tensiones globales que ha generado.

En este escenario el contexto regional dio un giro, cuando el Presidente Trump hizo público su interés de que México suscribiera un acuerdo de «tercer país seguro», para disminuir la migración irregular hacia EU.

En respuesta, el Gobierno de México, manifestó la negativa hacia la propuesta, misma en la que coinciden todas las fuerzas políticas del Senado mexicano con base en tres ejes.

Primero, México no cuenta con las condiciones para que el acuerdo tenga éxito, ya que se obliga a brindar servicios básicos y oportunidades de autosuficiencia a quienes soliciten refugio. Un acuerdo de este tipo incrementaría las solicitudes de asilo en México más allá del incremento del 117% que detalló la COMAR para el primer semestre de 2019.

Esto, representaría dificultades por falta de la infraestructura necesaria para la atención de los solicitantes.Segundo, México ha mostrado su disposición para cooperar con el gobierno estadounidense. Destaca la aceptación del programa “Quédate en México”; la expansión del programa “Sembrando Vida”; y el despliegue de la Guardia Nacional hacia la frontera sur de México.

Tercero, el fenómeno migratorio implica retos que deben abordarse con enfoque regional, responsabilidad conjunta y perspectiva de derechos humanos. En este punto destaca el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México que coadyuva en la disminución de la migración irregular, a través de la inversión en las zonas expulsoras centroamericanas.

Por último, hay que señalar que a nivel internacional el acuerdo de “tercer país seguro” entre la UE y Turquía no ha obtenido los resultados esperados. Por el contrario, ha provocado una crisis humanitaria en Grecia al ser el puerto de ingreso para los solicitantes de asilo, y que la UE tampoco ha cumplido los compromisos económicos adquiridos con Turquía.

En suma, este acuerdo no disuade ni atiende a los solicitantes de asilo; tampoco resuelve las causas de origen, por tanto, no está en el interés nacional y es inadmisible. El desplazamiento forzado debe ser atendido abriendo espacios de cooperación y no con decisiones unilaterales que buscan crear muros físicos e institucionales.