De acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, entre sus misiones generales, se encuentran la de “Garantizar la seguridad interior”, así como “Defender la Integridad, la independencia y la soberanía de la nación”.
Todas y todos los mexicanos, hemos sido testigos del trabajo del ejército en situaciones de desastres naturales, protegiendo a la población civil, resguardando el orden e incluso apoyando en la reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo, debido a las políticas del gobierno actual, hemos visto un ejército debilitado; esas políticas han permitido que elementos de las fuerzas armadas sean agredidas por supuestos habitantes de diferentes localidades, de manera verbal e incluso física.
Las agresiones que sufren los elementos castrenses son cada vez más recurrentes, sobre todo en estados como Michoacán, Guerrero y Querétaro, sitios en los que el crimen organizado ha permeado de manera importante. Es increíble que personas que están delinquiendo, queden impunes aprovechando el no uso de la fuerza, pues esta situación, pone a los elementos de las Fuerzas Armadas contra la pared. El respeto al estado de derecho es una obligación de todos los mexicanos y si es quebrantado, no debe quedar sin castigo. Es claro que el ejército tiene el deber de garantizar la seguridad nacional del país y derivado de ello, la facultad de usar la fuerza cuando se requiera. No se les debería obligar a no actuar ante hechos criminales cometidos por «ciudadanos».
En el momento en que el estado de derecho quede como solo algo anecdótico sin que se haga cumplir por los encargados de ello, la anarquía se apoderará del país y es algo a lo que no debemos llegar. Ojalá el comunicado de la Secretaría de Defensa, emitido en días pasados, derivado de un enfrentamiento ocurrido el pasado 7 de septiembre en Querétaro, sea en efecto, una medida para procurar la integridad física de los elementos y no quede tan solo en el papel como una estrategia mediática más del actual gobierno.