Muchas cosas por hacerse para salvar la economía
Derivado de la pandemia mundial provocada por la presencia del Covid-19, todos los países (en mayor o menor medida) han sufrido afectaciones económicas, pero desde 2019 nuestro país ya venía experimentando un decrecimiento económico que continuó en el primer trimestre de 2020, cuando aún no teníamos las restricciones económicas por el virus, pero que se agravó en el segundo trimestre de 2020 con la caída del -18% del PIB, que se explica no sólo por la presencia de ésta enfermedad en el país, sino también por las malas decisiones de este gobierno, que solamente exacerbaron una crisis que ya teníamos en puerta.
Son muchas cosas las que deberían de estarse haciendo. Una de las principales, es generar un ambiente de certeza a la inversión nacional y extranjera, porque las empresas ya no están invirtiendo en nuestro país a raíz de que el Gobierno Federal decidió de manera unilateral cancelar obras de infraestructura importantes como: la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las rondas de producción de energía eólica y solar y la construcción de la planta cervecera Constellation Brands, así como la renegociar la explotación de los gasoductos, hechos que sólo minaron la confianza en nuestro país.
Ante ese escenario, se deben generar medidas contracíclicas, lo que significa que el Estado debe poner el ejemplo e invertir en todo el país y de manera generalizada para que exista liquidez. Para alcanzarlo, es indispensable que se cancelen: el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, porque son megaproyectos que requieren muchos recursos cuyos beneficios son palpables sólo en los municipios o regiones específicas donde se están construyendo. Lo que necesitamos es dispersión del gasto público en todo el país, a nivel municipal y estatal.
También es posible utilizar la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que ésta línea de crédito tiene una comisión de cobertura anual que ya se ha estado pagando desde años atrás, precisamente para disponer de ella cuando sea necesario y éste es el momento. Pagar por este instrumento financiero y no usarlo, resulta un sinsentido, aunque también comprendemos que en lo que va de la presente administración, el Gobierno ya se ha endeudado con más de 1 billón de pesos.
Por otra parte, también la Banca de Desarrollo puede tener un papel protagónico en la reactivación económia a través del otorgamiento de créditos a proyectos productivos con tasas razonables, ya que actualmente, están trabajando con una tasa de referencia arriba del 10%, cuando el Banco de México tiene esa misma tasa al 5.5%, lo que significa el crédito no siendo suficientemente accesible para los empresarios.
Muchos dueños de las empresas -independientemente si son micros, medianas o grandes- están demandando liquidez para sus negocios, para que no cierren, sigan generando empleo y así continuar con la circulación de efectivo y para ello, algunos están pidiendo diferir el pago de sus impuestos, mientras que otros, solicitan la suspensión del pago de luz y agua, durante los meses que estuvieron cerrados sus negocios por el Semáforo de Riesgo Epidemiológico. Ambas demandas parecen propuestas muy razonables y atendibles.
En algunos municipios ya se han atendido dichas propuestas, pero no tengo duda de que la principal palanca para el desarrollo de una buena política económica, es a nivel federal, porque es justo ahí donde se disponen de los mayores instrumentos de recaudación, de los mayores instrumentos y recursos para la inversión, así como la mayor posibilidad de construir políticas que incrementen la confianza en la inversión.
En suma, debemos acelerar los proyectos de inversión de obra pública en las diferentes regiones y municipios de México, pero ante todo, generar los mecanismos de compra de los pagos a proveedores desde la federación y tener una visión de protección a las empresas del país, lo que significa comprar los insumos a los empresarios nacionales y locales y que no sea siempre con la visión que impera en la compra de medicamentos, en la que se privilegia a empresas extranjeras, desprotegiéndose a la economía nacional.
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