La Vida en Carne y Hueso: Entre la vida y la muerte

Por Josefina Vázquez Mota

En México cada hora muere una mujer víctima de violencia. En 2020, la Red Nacional de Refugios realizó 300% más rescates de mujeres que sufrieron violencia doméstica que el 2019; la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, son las entidades donde se presentaron mayor número de casos.

Unas horas hacen la diferencia entre la vida y la muerte, de lo contrario, pregunte usted a una mujer que sale corriendo de su casa junto con sus hijos, cuando de violencia intrafamiliar se trata.

Por eso es que en el Senado de la República aprobamos una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que permite que las órdenes de protección a niñas, adolescentes y mujeres sean hasta por 90 días, se expidan de inmediato o a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes a la denuncia, y se obliga a la autoridad a proporcionar refugio y manutención a la afectada y sus hijos, en caso de tenerlos.

Lo anterior con la intención de reforzar las medidas precautorias para proteger a niñas, adolescentes y mujeres violentadas tanto física como emocionalmente.

La reforma enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, sostiene que las órdenes de protección son acciones precautorias y cautelares de urgente aplicación, que deben otorgarse de oficio o a petición de parte, y atender bajo la figura de denuncias anónimas para resguardar a las víctimas.

Actualmente la ley establece órdenes por tres días, pero con la modificación, pasan a 60 días con posibilidad de prórroga a 90; además de que existe la posibilidad de extender la protección hasta que termine el proceso judicial a juicio del agente del Ministerio Público.

La ley establece que una mujer o niña que sufre violencia puede solicitar la orden de protección en cualquier entidad en que se encuentre, no necesariamente donde fue víctima del delito.

Las órdenes de protección incluyen custodiar a la persona a su domicilio; proporcionar refugios temporales seguros y dignos tanto para las mujeres, niñas y adolescentes violentadas, como a sus familiares o dependientes; la entrega de apoyos económicos para transporte, alimentos, comunicación, mudanza y trámites oficiales, entre otras.

La razón por la que una mujer no abandona a su agresor ni el infierno que vive, es porque no tiene a dónde ir junto con sus hijos. Es necesario cambiar la mentalidad y creer en las mujeres y las niñas cuando denuncian violencia en cualquiera de sus expresiones.

Urge capacitar a jueces, Ministerios Públicos y todas las instituciones encargadas de impatir justicia, para que se tenga la salvaguarda de las víctimas y no hayan más historias como las de Mariana Sánchez, Abril Pérez e Ingrid Escamilla.

Si lo que queremos en realidad es salvar vidas y no solamente un discurso hueco con olor a muerte, es urgente destinar presupuestos para ampliar y fortalecer la red de refugios para mujeres, porque un refugio para miles de mujeres es la diferencia entre la vida y la muerte.

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