Constitucionalmente nuestros datos personales deben estar protegidos y resguardados con la intención de que no se hagan mal uso de ellos, se evite su venta en el mercado negro, o que caigan en manos de la delincuencia organizada.
Los biométricos como las huellas digitales, el registro de iris de los ojos y el rostro, son considerados “llaves únicas” digitalizadas que posee el ser humano, y que no pueden dejarse en manos de terceros pues pone en riesgo nuestra privacidad y seguridad.
Por ello celebro que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual obliga a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar sus datos biométricos a las telefónicas como una medida para reducir la inseguridad.
Esto luego de que en el Senado de la República, el grupo mayoritario junto con sus aliados avalaran la creación de un padrón de datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil en el que resulta obligatorio registrarse so pena de la cancelación del servicio.
Los siete comisionados del INAI, coincidieron con quienes nos opusimos a la creación de el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) con datos biométricos, por ser violatorio a los derechos humanos, y de acceso a la información y de protección de datos personales.
Además de que como dijeran los comisionados, no garantiza la disminución de la incidencia delictiva, por lo que es una ley “regresiva”.
Hago mías las palabras de la presidenta del INAI, Blanca Ibarra Cadena, al advertir que las diversas disposiciones de la reforma “causan afectaciones” de distintos tipos a los derechos humanos consagrados en los artículos 6 y 16 de nuestra Carta Magna.
Asimismo retomo las palabras del comisionado Adrián Alcalá Méndez, al señalar que entregar biométricos en las condiciones planteadas por la nueva Ley, es poner en riesgo los datos de millones de personas, pues si bien la persecución de los delitos es un tema que nos debe preocupar a todos, el Estado es el responsable de velar por la seguridad de los habitantes.
“No por ello puede ni debe ser razón suficiente para restringir las libertades y los derechos humanos de los mexicanos. El costo que pagaríamos por esto puede ser muy alto. La entrega de los datos biométricos en las condiciones planteadas excede por mucho la finalidad de la ley que se reformó”, dijo el comisionado Alcalá.
Enhorabuena por el INAI, en horabuena por los órganos autónomos que nos hemos dado y que están para proteger los derechos de los ciudadanos, de ahí la importancia de contar con ellos, de respaldar su permanencia y defender su autonomía.