Los procesos electorales siempre tienen una gran diversidad de factores que los determinan. En ese sentido, hay distintos acontecimientos que influyen en los resultados que pasan por la personalidad e historial de las y los candidatos, de los partidos que representan, de sus campañas, de las acciones de gobierno y por supuesto también del momento y circunstancias en que se desarrollan.
En este caso, más allá de las implicaciones electorales que pudiera tener la judicialización de un asunto como la del gobernador de Tamaulipas, se trata de un firme compromiso para combatir la corrupción y la impunidad. Preservando el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia, es indispensable que cuando se cuenta con elementos o indicios sobre la comisión de algún delito ese individuo comparezca ante las autoridades para aclarar su situación jurídica.
En este contexto, también hay que tener claro que la mayoría de la ciudadanía demanda desde hace mucho tiempo que no se encubra a nadie, como ocurría hace algunos años. En la impartición de justicia no deben ser relevantes los tiempos electorales o los cálculos políticos. Precisamente ello es lo que ha irritado a las personas.
En cualquier circunstancia, a quienes debe preocupar una orden de aprehensión es a aquellos que tratan de evitar, por todos los medios, a ser sometidos a la justicia y obviamente a sus correligionarios, más aun cuando se pretende distraer al electorado sin poder justificar posibles conductas indebidas.
Afortunadamente, estamos viviendo una nueva época en la que la justicia no es utilizada en contra de nadie y está lejos de politizarse. El ejercicio del Poder Judicial está al margen de los tiempos y de la competencia política. Aunque se trate de algún destacado personaje público la justicia, en este y en cualquier otro asunto, debe ser ciega y no hay razón para que tenga implicaciones políticas o electorales.