El día 16 de marzo del 2020, el entonces Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán; publicó el acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 491 días han pasado, y nuestras autoridades educativas no han mandado un mensaje claro sobre la reapertura de las escuelas en el país o la creación de condiciones adecuadas para garantizar los derechos a la niñez.
De acuerdo con la UNESCO, las interrupciones en el tiempo de instrucción en el aula pueden tener un impacto severo en la capacidad de aprendizaje de un niño. Cuanto más tiempo estén los niños marginados fuera de la escuela, menos probable es que regresen. Los niños de los hogares más pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los de los más ricos.
El hecho de no asistir a la escuela también aumenta el riesgo de embarazo adolescente, explotación sexual, matrimonio infantil, violencia y otras amenazas.
Además, los cierres prolongados perturban los servicios esenciales de las escuelas, como la inmunización, la alimentación escolar y el apoyo psicosocial y de salud mental, y pueden causar estrés y ansiedad debido a la pérdida de la interacción con los compañeros y a la alteración de las rutinas.
Esos efectos negativos serán considerablemente mayores para los niños más vulnerables, como los que viven en países afectados por conflictos y otras crisis prolongadas, los migrantes, los desplazados forzosos, las minorías, los niños que viven con discapacidades y los niños internados en instituciones.
La reapertura de las escuelas debe ser segura y coherente con la respuesta general de cada país en materia de salud en el marco de COVID-19, y se deben adoptar todas las medidas razonables para proteger a los estudiantes, al personal, a los maestros y a sus familias.
El artículo 3ero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la educación, así como la prioridad del Estado en el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
Sin embargo, después de más de un año, nuestras autoridades educativas no se han dado a la tarea de garantizar una modalidad segura y eficaz para el regreso a las aulas de los estudiantes afectados por la pandemia del COVID-19.
Si bien no es una tarea fácil, la Secretaria de Educación Pública debe tener como prioridad los lineamientos seguros y ordenados para el regreso a clases el próximo mes.
La incertidumbre de los padres de familia por mandar a sus hijos a la escuela debe ser normal por lo que ha representado el panorama de los últimos meses. Sin embargo, con los debidos protocolos sustentados por las organizaciones internacionales, se puede llegar a una regreso seguro y ordenado que pueda devolver a los estudiantes a la ruta idónea del desarrollo educativo.