La semana pasada, no se logró abrir un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Revocación de Mandato. Al respecto, considero que son dos implicaciones, particularmente, las que se provocan por este hecho.
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La primera, tiene que ver con que existe un artículo transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019 en esta materia, en donde se otorga un plazo de 180 días para expedir la ley reglamentaria y, el mismo, no se estaría cumpliendo y, hay quienes piensan que se perdería la facultad de legislar.
La segunda, es que, ante la ausencia de la norma reglamentaria, el Instituto Nacional Electoral, puede emitir lineamientos en la materia de revocación de mandato, aun y cuando hay criterios que establecen que dicho organismo autónomo, no tiene facultades legislativas y que, dichos lineamientos no pueden suplir a la ley.
Cabe destacar, que las principales razones que se dieron, por parte de la oposición en la Comisión Permanente (PAN, PRI, MC y PRD), es que la legislación que reglamenta la revocación de mandato tiene “fallas”, así como que, en el proyecto de ley, se prevé la ratificación de mandato como una continuación del mismo, siendo que, de acuerdo con la Constitución Federal, dicha figura significa la conclusión anticipada del cargo, en este caso, de presidente de la República por pérdida de confianza y así tiene que ser regulada o reglamentada en la ley secundaria.
Sin embargo, todas estas dudas, se despejarán en las primeras sesiones del Senado de la República, dado que, sin duda, es uno de los temas prioritarios que estaremos discutiendo empezando el periodo ordinario de sesiones a partir del próximo 01 de septiembre.