En 2011, en nuestro país se llevó a cabo una reforma constitucional muy importante en materia de derechos humanos, se modificaron 11 artículos de nuestra Carta Magna, y se reconocieron diversos principios que los rigen: convencionalidad, pro-persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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Conforme a esto, los derechos humanos son para todas las personas, todos convergen en una misma jerarquía, no se pueden fraccionar y se debe procurar su gradual avance para lograr su pleno cumplimiento.
Asimismo, se estableció la obligación por parte de todas las autoridades de proteger y promover los derechos humanos, así como que está prohibida toda discriminación, y cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En concordancia, dichos derechos, sea cual sea la situación de las personas, incluyendo a los migrantes, deben respetarse y, sobre todo, garantizarse.
De acuerdo con la CNDH, la migración es un fenómeno regional muy complejo, en todas sus vertientes: origen, tránsito, destino y retorno, siendo el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado, al ser éste el principal destino.
Hemos visto en semanas recientes, casos en los que personal del Instituto Nacional de Migración ha agredido a migrantes centroamericanos y aunque se ha sancionado a dicho personal, no podemos permitir se violen derechos humanos de ningún migrante.
Los retos que tenemos las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias (poder ejecutivo, legislativo, judicial, niveles de gobierno y órganos autónomos), es muy grande en relación con la migración en nuestro país, tanto de los que entran por nuestra frontera sur, como por los que transitan y los que ingresan al país del norte, pues se deben implementar mejores políticas públicas y marcos normativos que, garanticen de manera plena los derechos humanos de todos los migrantes.
