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Gobierno filipino: Más de 420 mil adictos rehabilitados en la guerra antidrogas

Las cifras gubernamentales divulgadas hoy reflejan que, entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2019, murieron más de 5 mil personas en operaciones antidroga; aunque la Policía Nacional confirmó hoy que esas muertes superan las 6 mil 700, según su recuento actualizado.

Por EFE

El Gobierno de Filipinas señaló hoy que la guerra contra las drogas ha permitido que 421 mil 724 adictos que se entregaron a las autoridades se hayan rehabilitado y recriminó a los medios y grupos defensores de los derechos humanos que sólo se centran en las muertes de la campaña.

"En vez de fijarse en la cosas positivas que estamos haciendo, se centran en los detalles sangrientos", afirmó hoy en una rueda de prensa celebrada en Manila el subsecretario del Comité Presidencial para los Derechos Humanos, Severo Catura, un cargo designado por el presidente Rodrigo Duterte.

Catura defendió que la brutal guerra contra las drogas -que ha generado una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un examen preliminar de la Corte Penal Internacional- es un "mecanismo de derechos humanos para proteger las vidas de las víctimas de las drogas, especialmente los niños".

"Se fijan en los asesinatos de perpetradores de crímenes, pero no en el número de víctimas de esos perpetradores", puntualizó.
Catura también negó que los muertos en la campaña superen los 27 mil, cifra que manejan la ONU y organizaciones de defensa de los derechos humanos, a los que acusó de manipular los números e incluir en ese cómputo "homicidios bajo investigación" no vinculados a las drogas.

Las cifras gubernamentales divulgadas hoy reflejan que, entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2019, murieron 5 mil 435 personas en operaciones antidroga; aunque la Policía Nacional confirmó hoy que esas muertes superan las  6 mil 700, según su recuento actualizado.

Sobre la resolución aprobada la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos para investigar Filipinas, Catura consideró el documento "políticamente motivado" y respaldado por países europeos que "no entienden que el problema con las drogas en Filipinas es totalmente diferente al que ellos puedan tener".

En los últimos días, diferentes voces de la administración de Rodrigo Duterte -incluido el propio mandatario- han insinuado la posibilidad de abandonar el Consejo o incluso de romper relaciones diplomáticas con Islandia, país que propuso la resolución.
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