Después de más de tres años, el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable al ex conductor de Cabify, Ricardo Alexis Díaz, por el delito de feminicidio cometido contra Mara Fernanda Castilla Miranda, en septiembre de 2017, y el próximo lunes se dictará la sentencia; los familiares pidieron “la máxima sentencia”.
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En entrevista al término de la audiencia, Gabriela Miranda López y José Alejandro Castilla Castañeda, padres de la estudiante de la Upaep, se dijeron satisfechos con el fallo, pues luego de tres años y medio de los hechos, por fin alcanzaron justicia.
Tras el calvario que vivieron ante el retraso por los múltiples amparos interpuestos por la defensa del imputado, lo que generó que las audiencias se repitieran, confirmaron que el próximo 12 de abril, el responsable recibirá su sentencia; la cual implica una pena mínima de 40 años y máxima de 60 por el delito de feminicidio, además se deberá fijar la reparación del daño.
Piden pena máxima de 60 años
No obstante, dijeron que no están interesados en recibir un monto económico, pues nada reparará la vida de su hija; sólo piden que el asesino pague hasta el último día en la cárcel.
“Pedirle a los jueces que pongan la máxima sanción, que sea un ejemplo para que ya no se cometan este tipo de delitos contra las mujeres; porque yo creo que de todos los delitos que hay, el más podrido es este, el abusar de una mujer indefensa (…) ”, dijo el padre de la víctima.
“Lo único que nos interesa es que esta persona se pudra en la cárcel, no queremos otra cosa; que cumpla desde el primer día hasta el último día de sentencia. No queremos que le vaya a pasar algo adentro como hemos visto, queremos que pague lo que hizo”, agregó.
Pruebas de ADN y videos, los elementos contundentes
En tanto, Gabriela Miranda, madre de Mara, indicó que los principales elementos que acreditaron para declarar la culpabilidad de Ricardo Alexis fue una prueba de ADN en la ropa de Mara; donde encontraron semen de él, las sábanas en que fue envuelta su hija; así como los videos del fraccionamiento donde tenía que haber llegado y los del motel del Sur donde la golpeó y estranguló.
De igual forma, recriminaron que la plataforma de Cabify no se haya percatado que de un viaje que tendría que durar media hora; pasó más de 50 minutos y no le marcaron al chófer para saber el motivo del retraso.
Por su parte, Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, abogado del implicado, adelantó que apelarán la sentencia que se dé, al considerar que “fue una aberración” el fallo de los jueces; por lo que una vez que se dicte tendrán diez días para hacerlo.
El pasado 7 de septiembre de 2017, Mara Fernanda, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Upaep, salió a divertirse junto con unos amigos con quienes se dirigió a un antro ubicado en el municipio de San Andrés Cholula. A su salida, la madrugada del 8 de septiembre, a través de la plataforma de Cabify, la joven solicitó un servicio de taxi ejecutivo para regresar a su casa en el fraccionamiento Torres Mayorazgo, al sur de la ciudad; pero nunca llegó a su destino.
Siguen pendientes más casos
Sin embargo, la situación para las familias de otras víctimas de feminicidio no es la misma. Este día, amigos y familiares de Nazarea Iraís Simón Aguilar protestan en la Casa de Justicia de Cholula para exigir justicia por el asesinato ocurrido en 2017; ya que los presuntos feminicidas buscan salir libres modificando su medida cautelar.
Señalaron que están por cumplirse cuatro años de impunidad por su feminicidio, que ocurrió el 24 de septiembre de 2017, fecha en la que fue violada y asesinada por tres sujetos: Pedro N, Dylan N y Juan N que la engañaron solicitando su servicio de taxista; trabajo que realizaba a la par de ser docente para solventar sus gastos.
Su hermana indicó que los abogados de los acusados han buscado en todo momento entorpecer el proceso, porque constantemente cambiaban las audiencias y ahora están exigiendo una revisión de medida cautelar.
Por ello, pidieron al gobernador Miguel Barbosa intervenir en su caso para poder acceder a la justicia y que los responsables no salgan en libertad; además piden la seguridad de su hijo Jonathan, de 11 años, quien aún vive con incertidumbre.
