Un juez poblano giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez Bautista, quien fue secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox, ya que se le acusa de fraude durante su gestión como rector de la Universidad de la Américas Puebla (Udlap).
El mandamiento judicial también fue para otras personas que ocuparon puestos directivos, entre ellos Mónica Ruíz Huerta Puebla, ex vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos, ex director general de Asuntos Jurídicos; así como en contra de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.
Según versiones periodísticas, en 2016 Derbez y los demás acusados al parecer crearon una red de empresas, entre ellas la ULAP Jenkins Graduate School, por medio de la cual se habrían desviado unos 100 millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins.
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Con esta orden de aprehensión, los abogados de la familia suman tres acciones jurídicas en su contra, pues son señalados de lavado de dinero, fraude específico y administración fraudulenta, por el desfalco y desvío de recursos que suman más de quince mil millones de pesos.
Según las investigaciones, los abogados crearon una red que permitió mover los fondos a Panamá, con lo cual se movieron todos los activos de la fundación.
Jenkins acusan a Barbosa de «persecusión política»
La Fundación Mary Street Jenkins acusó que la orden de aprehensión en contra del rector de la Udlap se trata de una “persecución política” por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien tiene a su alcance la fabricación de este tipo de mecanismos y desviar la atención sobre la negativa al cumplimiento de la orden de devolver la institución al patronato.
“Se trata de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa, quien tiene a su alcance la fabricación de ordenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el Gobierno de Puebla”.
A través de un comunicado, recordó que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse, por lo que la Fundación anunció que denunciarán a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, que, señaló, forman parte de una red de complicidades.
Reiteraron que la suspensión para devolver el campus ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN); Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la Fudlap y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares.
Agregaron que esta queja será un elemento importante para la investigación que realiza el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, respecto a los señalamientos contra la familia Jenkins, por el presunto desvío de recursos.
Al respecto, el mandatario estatal, Miguel Barbosa evitó opinar sobre la instrucción de captura contra Derbez Bautista y negó que su Gobierno esté detrás de la orden de aprehensión.
«No tengo información, la verdad es un asunto de <strong>Fiscalía </strong>y del <strong>Poder Judicial</strong>, no tengo información, ni voy a dar opinión de una orden de aprehensión de la cual el Poder Ejecutivo no es parte».
