Mariana Gómez del Campo, PAN
La Constitución de la Ciudad no es la panacea a todos nuestros males como algunos la han anunciado. Es apenas un primer paso para mejorar. El espíritu original de la reforma política de la Ciudad de México fue transformar el régimen jurídico de la capital para hacerlo similar e incluso más eficiente que el del resto de las entidades federativas. Es decir, buscamos que la Ciudad de México dejara de ser un islote anacrónico, inacabado e inoperante donde todos y nadie tenían responsabilidad para proporcionar a los habitantes una mejor calidad de vida.
Este nuevo pacto debe tener como pilar, el desarrollo humano. El mayor fracaso ha sido: la política social. Entre 1990 (PRI) y 2010 (PRD) 1 de cada 3 capitalinos se mantuvo en situación de pobreza. Peor aún, ni siquiera el grado de pobreza más agudo, la pobreza alimentaria, disminuyó. Debemos asumir como prioridad la superación real de 2.8 millones de personas con algún tipo de necesidad: patrimonial, capacidades y/o alimentaria. La vía de solución es un presupuesto focalizado y al que se evalúe permanentemente, es increíble que 30% del presupuesto del Gobierno de la CDMX se destine a la política social pero por su nulo escrutinio no da otro resultado más que el electoral y político.
En segundo lugar, es que por fin tengamos buenos gobiernos. La CDMX es el monumento a la burocracia según el estudio Las ciudades más habitables de México 2013 hecho por Gabinete de Comunicación Estratégica, la ciudad ocupa (entre 54 municipios y 16 delegaciones estudiadas): el lugar 33 por la calidad de vida, el lugar 41 por la satisfacción de servicios, el 38 por satisfacción en el desempeño de los alcaldes.
Podríamos pensar que estas pésimas calificaciones se deben a “falta de recursos” pero en realidad somos la quinta entidad con mayor crecimiento de recursos del Ramo 33 (después de Chiapas, EdoMex, Puebla y Guanajuato) con 20% más en términos reales en lo que va de este gobierno, además para este año recibimos 3 mil 500 millones de pesos por el Fondo de Capitalidad de los que poco sabemos en dónde terminan.
Tercero, necesitamos un gobierno que ocupe que haga más con menos. El presupuesto de la CDMX es de 177 mil millones de pesos, de ese monto, la mitad se va a las secretarías que cada día son más caras y dan menos resultados. Por ejemplo la Procuraduría General de Justicia sólo resuelve 1% de los delitos denunciados pero nos cuesta 5 mil 700 millones mientras que le Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo apenas recibe 928 millones cuando tenemos 280 mil personas desempleadas. El mundo al revés.
Queremos una ciudad que sea modelo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos: que sea 100% transparente, que cuente con sus propio Sistema Nacional Anticorrupción, que cuente con Universidades de la Tercera Edad en todas las delegaciones, una ciudad donde la voz de los vecinos sea la que determine si se deben o no construirse más edificios o comercios con impacto ambiental o que afecte la armonía o los servicios, una ciudad donde se respeten los derechos de todos, tanto los de quienes se manifiestan como los de quienes quieren transitar libremente. Aspiramos a ser la capital mundial de la movilidad, la accesibilidad y la sustentabilidad. Una ciudad donde el gobierno no actúe por capricho sino que sea el principal aliado de los capitalinos.
Alejandra Barrales, PRD
En las últimas tres décadas la Ciudad de México ha logrado grandes avances en materia de derechos y libertades gracias al despertar de la sociedad civil que vio en la capital de la República el terreno fértil para sentar las bases de una metrópoli de vanguardia.
Gracias a esos hombres y mujeres que se unieron en barrios y asambleas vecinales, se impulsaron las primeras reformas que dieron a nuestra ciudad la oportunidad de tener una administración elegida por voto popular, así como una Asamblea que daría voz a los millones de capitalinos frente al Congreso de la Unión.
En consecuencia, al menos dos generaciones han crecido en una ciudad en la que palabras como “derechos humanos”, “igualdad de género”, “derechos de adultos mayores y niños”, “despenalización del aborto”, “matrimonios del mismo sexo”, dejaron de ser eso, conceptos intangibles, para materializarse en leyes y valores con los que diariamente convivimos. Es a partir del reconocimientos de estos derechos que hemos sido punta de lanza en nuestro país.
Ahora, aquellos que abrieron la brecha hacia la conformación de la ciudad que conocemos y las generaciones que han crecido en ella, tenemos en nuestras manos la oportunidad de consolidar, juntos, nuestro proyecto de ciudad, pero también de renovar y sentar las bases de una nueva estructura administrativa que sostendrá el futuro de nuestra metrópoli, pero siempre acompañados de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Hace algunos días, el maestro Porfirio Muñoz Ledo, advirtió sobre la necesidad de que nuestra ciudad transite de un régimen acotado de libertades y derechos, a un régimen de derechos plenos, donde esté representado un gran conjunto de la pluralidad.
Nuestra Carta de Derechos debe ser el reflejo de una sociedad moderna, diversa, plural, trabajadora y participativa, en donde poco más de la mitad de sus habitantes son mujeres y una tercera parte está conformada por niños, niñas y jóvenes.
Debemos ser autocríticos y reconocer lo que es necesario mejorar en esta ciudad y lo que falta por hacer, como resolver las carencias en materia de seguridad social, salud, derechos laborales, equidad, movilidad, medio ambiente, infraestructura, transparencia, rendición de cuentas, vivienda, y principalmente la educación como herramienta fundamental en la transformación de nuestra ciudad.
El momento ha llegado. Podremos concretar los anhelos, derechos y obligaciones de todos los que habitamos la capital del país. Esta nueva Constitución debe ser la primera piedra en la construcción entre la sociedad y todos los poderes de Gobierno, en la vida de los habitantes de la Ciudad de México, pero también deberá ser reflejo de una sociedad con identidad propia que se ha forjado por 30 años, pero que tiene la vista en la conformación de su futuro.
Ana Lilia Herrera Anzaldo, PRI
Como lo ha hecho en todas las transformaciones de la vida democrática de la capital del país, una vez más, el PRI participará en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México.
Cuando alguien te entrega su confianza, a lo menos que estás obligado es a la responsabilidad. Esta sencilla frase encierra el origen de la falta de credibilidad que hoy existe en la política y que debiera ser una premisa para la Asamblea Constituyente que tendrá la oportunidad de concretar una Constitución que le sirva a la gente.
El marco jurídico que regirá la vida de la capital de todos los mexicanos debe sentar bases sólidas para actuar con ética, con apego a la ley, y servir a la equidad a la equidad, porque ambos son principios básicos de justicia.
Mayores facultades, autonomía de las instituciones y el fortalecimiento de la vida democrática, necesariamente conllevan mayores responsabilidades.
La evaluación sobre recursos otorgados para plazas y sueldos de funcionarios, situación de la deuda pública y condiciones de contratación y gastos de comunicación social, que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que la capital del país ocupa el penúltimo lugar en el índice de información presupuestal 2015.
De ahí que necesariamente la Asamblea Constituyente tiene que dar respuestas a retos como éste, porque en el Pacto Federal, desde el resto de las entidades federativas salta la pregunta sobre ¿Cuánto más debemos o podremos aguantar una histórica inequidad presupuestal y fiscal?
Basta recordar que el Fondo de Participaciones del Presupuesto de Egresos 2015, conocido como Ramo 28, otorgó al Distrito Federal 65 mil millones de pesos para 8.5 millones de habitantes, mientras que en el Estado de México este ramo ascendió a 76 mil 900 millones de pesos, pero para 16 millones de habitantes, prácticamente el doble de lo que hay en la capital.
Cualquier avance en la autonomía del ejercicio presupuestal para la Ciudad de México deberá traducirse en su Constitución en las respuestas a las necesidades de la población sin clientelismos, sin filias y sin fobias.
Y sin duda un tema fundamental de a Constitución será el tema de coordinación metropolitana entre los diferentes ámbitos de gobierno, para garantizar la continuidad de los buenos proyectos, los sustentables, los que cuidan y velan por el interés de las mayorías.
México necesita blindarse por fin de ocurrencias, de abusos, y la Constitución de la Ciudad de México, tiene ante sí la oportunidad inmejorable de asumir en condiciones más equitativas la proyección conjunta y coordinada del desarrollo, y la prestación de servicios públicos en la Zona Metropolitana del Valle de México y sentar un precedente ejemplar para las demás zonas metropolitanas del resto del país
La Constitución de la Ciudad de México no puede soslayar la complejidad de un territorio donde convergen al mismo tiempo 20 millones de personas, en 16 delegaciones más de 59 municipios en el Estado de México, un municipio en el estado de Hidalgo, y que conforman la zona metropolitana no sólo más grande, más compleja de todo el país y de América Latina.
Si queremos resultados diferentes no podemos seguir viendo la planeación y el desarrollo de nuestras ciudades desde la perspectiva de un coto de poder político, porque el bienestar de todos no puede estar sujeto a la decisión o interés de unos cuantos.
Además de la transparencia y la coordinación metropolitana, la Constitución de la Ciudad de México debe incorporar el derecho a la ciudad, como un referente para garantizar que en su territorio podemos disfrutar de nuestros derechos fundamentales.
