Durante el Foro Matrimonio Igualitario: la exclusión implícita en el Estado de México, la diputada del PRI, Paola Jiménez Hernández, aseguró que la entidad debe regular el derecho a que todas las personas de la comunidad LGBTTTI+ contraigan matrimonio.
“Haber negado matrimonio a las personas del mismo sexo, equivale a una negación de los derechos humanos y civiles, entre los que se encuentran beneficios fiscales y accesos a créditos; autorización de tratamientos y derecho a la adopción”, comentó.
En tanto, la presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Juana Bonilla Jaime, recriminó que se ha hecho oídos sordos al tema porque nadie quiere asumir el costo político y desde hace varias legislaturas se ha dejado pendiente este tema.
“Nos está rebasando a la Legislatura todo el parámetro social. Las fracciones parlamentarias debemos ponernos de acuerdo y el tema no está contemplado en el semáforo legislativo de este periodo porque no es de interés de las coordinaciones ni lo toman en cuenta”, aseveró.
También destacó que pese a la resistencia de grupos conservadores y medios de comunicación, a la propuesta del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, sobre el matrimonio igualitario, hasta este momento 26 de los 32 estados ya modificaron sus códigos civiles.
Entre los estados faltantes se encuentran el Estado de México, Durango, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, quienes aún se niegan aceptar el matrimonio igualitario.
Cabe destacar que 2010 a 2018 se han casado 15 mil 544 homoparejas, frente a 5 millones de casamientos heterosexuales siendo Ciudad de México, Jalisco y Coahuila, los tres principales estados.
Los heterosexuales que más contraen nupcias están entre los 20 a 29 y las parejas homosexuales entre 25 y 39 años, por eso 53% de personas homosexuales que se casan son profesionistas en contraste con 21% de heterosexuales que alcanzan la misma preparación de su pareja varón.
